Ecuador se enfrenta a una crisis carcelaria sin antecedentes; el más reciente balance del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) da cuenta de 37 fallecidos en dos penitenciarías de Guayaquil (suroeste), 34 en una cárcel de Cuenca (sur) y 8 en la de Latacunga (centro), señaló en principio Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

En la noche, la entidad informó por Twitter que “se registra el aumento de decesos de 13” presos en el puerto guayaquileño.

Moncayo descartó víctimas mortales entre el cuerpo de custodia, pero habló de “policías que han sido heridos“, sin precisar el número.

La Defensoría del Pueblo tildó de “masacre sin precedentes” los amotinamientos, que también deja reclusos heridos, según autoridades.

El organismo expresó su “preocupación por la falta de seguridad que vive el país, la cual se refleja el aumento de la delincuencia y violencia al interior de los centros carcelarios”.

Luchas entre bandas criminales en cárceles de Ecuador

La autoridad de prisiones describió la feroz disputa que libran bandas organizadas que se nutren del tráfico de drogas y que emplean las cárceles como bases de operaciones.

Según Moncayo, el lunes los custodios decomisaron dos armas de fuego que iban a ser utilizadas para aniquilar a los jefes de una de las organizaciones enfrentadas que están presos en Guayaquil. Sus enemigos quisieron anticiparse a “las acciones violentas” y ordenaron el “asesinato de privados de libertad en otros centros”, indicó.

AFP
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El funcionario mencionó a grupos como Los Pipos, Los Lobos, Tigrones y Chone Killers.

Allí adentro es como un mercado. Hay de todo: drogas, armas, hasta perritos. Todo se vende”, según Soria. “Cuando los presos ven la violencia venir, se encierran con candados en sus celdas”, narró antes de salir corriendo detrás de una ambulancia.

El gobierno activó un puesto de mando unificado para enfrentar la crisis, que coincide con la movilización de cientos de indígenas que reclaman en Quito un recuento de votos tras la primera vuelta presidencial del 7 de febrero. Su candidato, el ambientalista Yaku Pérez, denuncia haber sido víctima de un supuesto fraude que lo excluyó del balotaje de abril.

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En diciembre, varios amotinamientos en cárceles ecuatorianas atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron once presos muertos y otros siete heridos.

El gobierno decretó un estado de excepción carcelario por 90 días que concluyó en noviembre, y que buscaba básicamente recuperar el dominio sobre las prisiones. Ante la violencia, adoptó la misma medida en 2019.

La Defensoría del Pueblo, que responsabilizó de la situación carcelaria al Estado por incumplir “su obligación de garante frente a los derechos” de los reclusos, reportó que en 2020 se registraron 103 asesinatos dentro de las penitenciarías.

Desde enero y hasta este martes, la Policía había informado de tres muertos en choques entre reclusos.

El organismo gubernamental a cargo de las prisiones ha reconocido la falta de personal de seguridad, lo que “dificulta las acciones de respuesta inmediata” frente a las revueltas de presos.

En medio de la pandemia del covid-19 y para disminuir la cantidad de presos, Ecuador aplicó el año pasado medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42% a 30% la cantidad de reos.