“Algo tienen que ocultar”, afirmó en cadena nacional el contralor venezolano, Elvis Amoroso. “Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos“, añadió el funcionario, sin ofrecer detalles.

Entre los inhabilitados se encuentran el exdiputado Julio Borges, que ejerce como comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores, o Sergio Vergara, quien fuera mano derecha del líder opositor.

“Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público”, prosiguió Amoroso.

Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, no reaccionó de manera inmediata a la noticia. Sin embargo, se estima que la rechazará puesto que asegura que mantiene su cargo como diputado, aunque de acuerdo con la Constitución su periodo expiró el pasado 5 de enero al instalarse un nuevo Parlamento, de mayoría chavista.

Guaidó y otros exdiputados se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento. El dirigente decidió usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones, tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado carecían de estándares democráticos por los que su coalición no participó.

La comisión, una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en período de receso, es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia, pero en Venezuela ha perdido su validez ante la instalación del nuevo ente Legislativo que es controlado por el chavismo.