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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó el viernes 19 de septiembre a una consulta popular para decidir si se restablecen las bases militares extranjeras y si se conforma una Constituyente que redacte una nueva Carta Magna. Con estas medidas el gobierno ecuatoriano busca endurecer su guerra anticrimen. En 2024, Ecuador fue el país más peligroso de Latinoamérica, según Insight Crime.
Noboa considera que la actual Constitución “ha quedado rezagada”. En vigencia desde 2008, durante el primer mandato de Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, ahora Noboa justifica que es necesaria una nueva porque no existen las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar los problemas de 2025. En este contexto, la Constituyente tendrá 80 miembros elegidos en las urnas, según la iniciativa del mandatario ecuatoriano, quien aspira que la consulta se realice en noviembre.
Los electores también decidirán si están o no de acuerdo en eliminar de la actual Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio nacional como la que hasta 2009 tuvo Estados Unidos para actividades antidrogas en Manta, al suroeste del país. En junio, el Parlamento de mayoría oficialista aprobó una reforma constitucional sobre el restablecimiento de campamentos militares extranjeros, que deberá ser avalada en referéndum.
Según Noboa, la Constitución en vigencia desde 2008 le faculta a hacer el llamado directo a referendo porque esta norma prevalece sobre “cualquier disposición de carácter general”.
Problemas con la ley
Tras la convocatoria, la Corte Constitucional defendió en un comunicado su rol de velar por el cumplimiento de que “toda propuesta de modificación constitucional se ajuste a los procedimientos previstos en nuestro sistema jurídico”, por lo que tiene la autoridad para analizar el pedido presidencial.
Agregó que “ya han ingresado varias demandas de inconstitucionalidad” contra la iniciativa de Noboa, quien critica a la Corte por suspender temporalmente tres de sus leyes anticrimen con artículos sobre vigilancia e interceptaciones sin orden judicial o la declaratoria de zonas geográficas como objetivos militares donde los agentes tendrían vía libre para aplicar la fuerza.
En agosto, el mandatario encabezó una marcha contra la Corte en Quito, donde aparecieron vallas con los rostros de sus nueve magistrados y la leyenda “estos son los jueces que nos están robando la paz”.
Ante la violencia desatada por los grupos narco con nexos con carteles internacionales, los asesinatos en Ecuador crecieron de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, de acuerdo con cifras oficiales.
En lo que va de 2025 se cuentan 6 000 homicidios y en 2024 fue el país más peligroso de Latinoamérica, según Insight Crime.
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