La ausencia de debates, o la realización de debates en los que no participan todos los candidatos a unas elecciones presidenciales, habla mal de los aspirantes que se niegan a comparecer ante la opinión pública, pero también habla mal de la madurez de la democracia colombiana. Los debates presidenciales son fundamentales porque permiten la confrontación directa de ideas ante la mirada de los ciudadanos, y los ayuda a evaluar las capacidades de los candidatos, comparar sus propuestas, observar cómo manejan la presión y tomar una decisión informada al momento de votar. Este domingo Colombia asiste a las urnas sin haber tenido ese espacio.
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Lo curioso es que los candidatos que impidieron que el país tuviera esa oportunidad son los que representan las extremas: el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Pero más curioso aún es que ambos aseguraran que el otro era con el que, en realidad, querían debatir, negándoles a los demás la oportunidad también de confrontarlos y exponer sus ideas. Tanto escrúpulo, y eso quedó demostrado con el paso de los días, no era para favorecer la democracia, sino sus propios intereses. Pragmatismo político puro y duro.
En el caso de Cepeda, fue el que tomó la iniciativa y, ante sus seguidores, retó a un debate a Paloma Valencia y De la Espriella. Ningún otro, para él, cabía en ese espacio. “Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”, dijo entonces. De la Espriella, por su parte, evitó asistir a ciertos debates (como el convocado por la senadora Paloma Valencia) para, según él, preservar sus alianzas políticas, argumentando que enfrentarse a figuras afines podría fracturar la coalición frente a escenarios políticos futuros.
Candidatos están obligados a comparecer ante la ciudadanía
“Llegó la hora” de participar en debates, fue el pomposo anuncio de Cepeda, que se había opuesto a esos espacios democráticos por no querer, según él, que su campaña se impregnara de “‘shows’ ni estridencias”, para no prestarse a la “manipulación mediática y a la política del espectáculo”. De inmediato, Valencia y De la Espriella aceptaron. Pero pasaron los días y ese debate nunca cuajó. Cepeda puso condiciones que, como ya se había advertido, funcionaron a manera de arma de doble filo: con ellas, Cepeda se mostró abierto a participar en un debate con Valencia y De la Espriella, pero también le sirvieron para finalmente no ir a ningún debate.
Puestas las cosas en blanco y negro, sin los grises ni matices a los que apela el discurso político para confundir, para manipular, Colombia llega este domingo a la primera vuelta presidencial sin haber visto un debate con todos, o al menos con la mayoría de los candidatos, incluyendo, por supuesto, a los que puntean en las encuestas. Ellos son los más obligados a comparecer ante la ciudadanía que los beneficia con su opinión favorable. Pero ellos fueron precisamente los que privaron al país de un debate serio. Los otros candidatos sí fueron puntuales a los debates a los que fueron convocados, pero eso no es suficiente.
El hecho hizo que con una tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá se buscara, primero, que se reconociera que los debates hacen parte de la democracia, y segundo, que se forzara a los candidatos a cumplir con la obligación de exponer sus ideas, proyectos y propuestas a los ciudadanos. La tutela invocaba la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, consagrado en el artículo 40 de la Constitución; al derecho fundamental al sufragio y a elegir libremente; al derecho a recibir información veraz e imparcial previsto en el artículo 20 superior.
Para el abogado Alberto González Mebarak, que lideró la iniciativa, los debates presidenciales constituyen “escenarios determinantes para la formación libre e informada de la voluntad política del electorado, la garantía del pluralismo democrático, la igualdad material entre candidaturas y el acceso de la ciudadanía a información objetiva, suficiente e imparcial sobre las propuestas, posturas y programas de gobierno de quienes aspiran a la presidencia de la República, situación que configura un elemento esencial de cualquier Estado democrático”. La tutela fue admitida para estudio, pero terminó dando vueltas en el Tribunal Superior de Bogotá.
La deliberación es pilar fundamental de la democracia
En Colombia, el desdén de los candidatos por los debates electorales ha sido más marcado en la segunda vuelta. Así ocurrió en las elecciones de 2018 y 2022, cuando la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó una preocupante ausencia de los aspirantes que iban punteando en las encuestas en esos espacios democráticos. En cambio, desde 1990, cuando comenzaron esos encuentros formales entre candidatos a la presidencia, organizados por los medios de comunicación, los debates de primera vuelta siempre han contado con la mayoría de los candidatos. Hasta ahora, porque en este 2026 se puede decir que quedó huérfana de debates.
Para evitar que esto ocurra ha habido iniciativas legislativas que buscan modificar la realización de debates presidenciales como garantía democrática en favor de los electores, y convertir en una obligación formal de los candidatos su participación en esos espacios. En 2023, por ejemplo, se movió en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria que creaba la obligación para los candidatos de asistir a debates presidenciales. La iniciativa nació de la constante inasistencia de los aspirantes a los compromisos democráticos, aduciendo agenda o poca importancia.
El proyecto subrayaba que el elemento deliberativo (que es precisamente el espíritu de los debates) constituye un pilar fundamental de la democracia colombiana. Y advertía que sin un nivel mínimo de debate y discusión se puede incurrir y hacer caer en error a los electores. En su artículo segundo, el proyecto planteaba la obligación de asistencia a un mínimo de dos debates para la elección presidencial en primera vuelta y un tercer debate en caso de ser necesaria la segunda vuelta entre los dos candidatos con más votación.
También consideraba, en el artículo tercero, la organización del debate, los temas por debatir y la competencia para los moderadores, es decir, las condiciones que, hace unas semanas, quería poner Cepeda para debatir con Valencia y De la Espriella. Además, el proyecto establecía sanciones para los candidatos en caso de que incumplieran en la asistencia a los debates. La iniciativa no prosperó, pero en momentos como los de hoy se siente que una ley así le hace mucha falta a Colombia.
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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