Entre los 100 mejores candidatos al senado están, “por Cambio Radical, Daira Galviz, abogada de (alias) ‘la Gata’, puesta por ella, se intenta reelegir; por el Centro Democrático, el señor Jaime Amín, que en 2002 fue financiado por ‘la Gata’ cuando fue representante a la Cámara, él mismo lo tiene en sus libros de contabilidad, Uniapuestas le dio plata; por el Partido Liberal, Laura Fortich, la heredera de Álvaro Ashton, acusado por parapolítica, vínculos con el escándalo de Odebrecht y por tratar de meter a unas (menores) prostitutas a un hotel; por el Partido Conservador Olga Suárez Mira, investigada, su hermano, Óscar Suárez, pagó condena por parapolítica, ahora está prófugo, el otro hermano está con líos en la alcaldía, supuestamente falsificó un título universitario; también por el Partido Conservador, la señora Myriam Paredes, la baronesa de Nariño, es una señora totalmente corrupta”, dijo el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Y ni qué hablar de los candidatos de las Farc avalados por los ‘académicos’.

La primera voz que objetó con razón la lista fue la periodista de ‘La W’ Camila Zuluaga, quien fue apabullada por sus contradictores de mesa de trabajo: Julio Sánchez, Lucas Pombo, pero especialmente por la voz alta de Alberto Casas Santamaría.

Para Camila Zuluaga, en respuesta a Lucas Pombo, que así lo planteó, esto no pertenece solo al fuero interno de los profesores, porque ellos tienen una elevada responsabilidad y deberían aclarar si sus respuestas reflejaban una preferencia electoral o un análisis juicioso de la hoja de vida.

“¿Hizo universidad, tiene máster, doctorado? ¿Cuál es análisis que hicieron? ¿A mí me gustó o hizo un análisis juicioso de su hoja de vida?”, dijo Zuluaga, quien agregó que “Debemos (dar) el criterio de selección y cuál es la metodología… por transparencia de esa lista”.

“No se preguntaron las preferencias políticas; se preguntaron (se pidió) escoja los mejores”, dijo en voz alta Alberto Casas.

El debate no es menor. Los cuestionados nombres fueron avalados por decanos, vicedecanos y docentes de facultades o escuelas de derecho, ciencias políticas y ciencias sociales de 63 universidades del país, públicas y privadas, como la Javeriana, la Nacional, la Tadeo Lozano, la de Antioquia, EAFIT, el Externado, entre otras. Única honrosa excepción: los Andes.

“Una completa vergüenza. Si eso son los académicos… por eso estamos como estamos”, dijo Ávila.

Más allá de los reparos de Zuluaga a la lista, quedan muchos interrogantes:

¿Qué buscaba la emisora y el encuestador con un trabajo como este? Si la respuesta es orientar al electorado, el resultado, entregado fuera de contexto, poco contribuye a ello.

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¿Es una encuesta el mecanismo idóneo para conocer la opinión de un sector social como el de los académicos, en particular cuando se les pregunta a quemarropa por 25 nombres (si no fueron más), con la expectativa de que tengan la información de cada uno de ellos en la cabeza o a la mano? Este no era un trabajo ni para hacer en días. Tal vez solo Ariel Ávila podría responderlo.

¿Es honesto que un académico se preste para este tipo de ‘investigación’ con una metodología tan dudosa, sobre todo cuando termina avalando unos nombres que muchos acogerán porque lo recomienda un ‘académico’, alguien en el que la sociedad supuestamente confía? La respuesta es un sonoro NO. Flaco favor hacen a los electores y a la academia.

La respuesta a muchas de estas preguntas es simplemente ignorancia de los académicos que, tal como dijo Lucas Pombo y Julio Sánchez, fueron seleccionados por ‘precisamente’ tener conocimiento del tema.

“Yo quisiera pensar que los profesores hicieron la tarea, y que averiguaron por unos nombres y por sus trayectorias, por su hoja de vida, los repitentes, por su asistencia al Congreso, proyectos que tramitaron. Quisiera pensar que los profesores actuaron como profesores, y no por sus preferencias políticas”, dijo Sánchez Cristo.

Pero Ávila da una explicación alterna a los nombres que terminaron avalando los académicos.

“No sé dónde hicieron la encuesta, así que puedo estar equivocado, pero lo que yo creo es muestra que muchas universidades en las regiones son manejadas por políticos, y como son manejadas por ellos pues esas son las consecuencias. Yo creo que los propios académicos saben, pero les toca decir eso”, dice Ávila.

Ávila puede tener parcialmente razón, porque en el listado hay universidades como la Autónoma de Bucaramanga, la Autónoma de Manizales, la de los Llanos, la del Magdalena, la Surcolombiana, la Tecnológica de Bolívar, la Fundación del Área Andina de Cesar… pero también muchas llamadas de primer nivel en Bogotá.

Vea aquí el listado de los 100 mejores candidatos al senado y las universidades que los avalaron.

Esta es parte de la discusión que se dio en W Radio (en la que hablan más duro).