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Vivir en un conjunto residencial implica asumir ciertas responsabilidades, entre ellas, el cumplimiento de normas que garanticen una convivencia pacífica y el bienestar colectivo de todos los residentes. En Colombia, la Ley 675 de 2001 regula el régimen de propiedad horizontal y constituye la base legal para la creación o modificación de los reglamentos internos de cada copropiedad.
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Adicionalmente, la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece lineamientos fundamentales para la vida en comunidad. Esta normativa tiene como propósito definir las condiciones necesarias para una convivencia armónica, promoviendo el respeto por los derechos, la libertad y la dignidad de las personas.
Uno de los aspectos relevantes de esta ley es la protección integral de niños, niñas y adolescentes dentro de los entornos residenciales. En este contexto, se exige no solo un trato respetuoso y cuidadoso hacia los menores, sino también el cumplimiento estricto de las normas que los protegen. El incumplimiento puede acarrear sanciones severas.
En particular, el artículo 38 de la Ley 1801 establece que, si dentro de un conjunto residencial se permite, incita o engaña a menores de edad para participar en actividades inadecuadas para su desarrollo, y estas resultan potencialmente nocivas, los responsables podrán ser objeto de una sanción de carácter grave.
¿De cuánto es la multa en conjuntos para quienes incurran en esta actividad con niños en conjuntos?
En cuanto a la magnitud de las multas, la ley contempla una sanción tipo 4 para estas conductas, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2025, esta suma asciende a $ 759.200. Esta medida busca desincentivar cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad o el bienestar de menores dentro de espacios comunitarios.
Cabe señalar que, dependiendo de la gravedad de la conducta y sus consecuencias, además de la multa, los infractores podrían enfrentar medidas adicionales, incluyendo sanciones penales que impliquen privación de la libertad. Estas decisiones quedan sujetas a la evaluación de las autoridades judiciales competentes.
Por otra parte, la Ley 1209 de 2008 también establece responsabilidades específicas en relación con el uso de zonas comunes, como piscinas y otras estructuras de uso colectivo dentro de conjuntos residenciales. Permitir que menores accedan a estas áreas sin que se cumplan las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la ley puede dar lugar a sanciones. Esta norma busca prevenir accidentes y garantizar que dichas instalaciones no representen un riesgo para los usuarios, en especial para los más vulnerables.
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Finalmente, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana otorga facultades a los agentes de la Policía Nacional para intervenir dentro de conjuntos residenciales sin necesidad de una orden judicial, siempre que se evidencien situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los residentes. Estas intervenciones deben orientarse a la protección de la vida y la integridad de las personas que habitan las viviendas.
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