El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En Madrid, miles de ciudadanos se manifestaron tras el desalojo de Maricarmen, una inquilina que se convirtió en símbolo visible de la compleja crisis de vivienda que atraviesa España. Desde hace años, el costo de la vivienda en ese país ha subido más que los salarios, los arriendos alcanzan niveles elevados y la oferta anual de nuevas viviendas no cubre la creciente demanda. Este panorama ha llevado al debate sobre la eficacia de las políticas de vivienda y el impacto social derivado de la falta de soluciones.
Colombia afronta esta realidad observando con cautela la situación europea, pero destaca haber implementado una estrategia diferente que ha brindado resultados favorables, sobre todo en términos de acceso a la vivienda propia. En ese país, el Estado dispone suelos para iniciativas de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) mediante los llamados planes parciales. Además, los hogares reciben subsidios del gobierno nacional, entidades municipales y cajas de compensación para garantizar el pago de la cuota inicial y acceder a créditos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro y bancos. Los constructores, por su parte, se benefician de incentivos tributarios y normas urbanísticas que les permiten ofrecer viviendas a un valor asequible para familias de trabajadores.
En Bogotá, los datos respaldan el éxito de este modelo. Entre 2020 y 2023, la ciudad implementó 17 planes parciales que habilitaron suelo para más de 81.000 viviendas, de las cuales la mayoría corresponde a VIS o VIP. En la actualidad funcionan 62 planes parciales para otras 96.000 viviendas. En 2025 se iniciaron casi 50.000 viviendas, cifra récord desde 2001, y Bogotá representa el 31 % de las viviendas sociales comercializadas en Colombia. El Plan de Ordenamiento Territorial estableció como meta superar las 530.000 viviendas VIS y VIP. Cada plan parcial implica, además, la construcción de parques, vías, colegios y espacio público, servicios que en zonas informales serían imposibles de garantizar.
No obstante, esta fórmula está orientada principalmente a la compra, no al arriendo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras en 2018 el 43 % de los hogares bogotanos vivía en arriendo, en 2025 el porcentaje subió a 57,4 %. La mayoría de la población depende del arrendamiento, pero las políticas públicas apuntan a la propiedad, lo que deja sin opciones a quienes carecen de ahorros o ingresos formales para obtener un crédito.
Este desafío, ampliamente debatido en Europa, ha sido atendido en ciudades como Viena, donde el Estado conserva la propiedad de la tierra y construye viviendas en arriendo público gracias al trabajo conjunto con cooperativas y privados. Bogotá ya inicia pasos con proyectos para arriendos públicos en suelo estatal, como la convocatoria para desarrollar viviendas sobre un terreno en Kennedy gestionada por la Empresa Metro.
Una alternativa innovadora en Colombia es el derecho real de superficie, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de 2019, ampliado por la Ley 2079 de 2021 y reglamentado en agosto de 2026. Esta figura jurídica permite que entidades públicas entreguen a privados la administración y explotación de proyectos inmobiliarios sobre terrenos estatales durante un tiempo determinado. Al final del período, el inmueble regresa a manos del Estado. Así, se fomenta la vivienda en arriendo a precios justos y se incrementa el parque de vivienda pública, sin que la entidad tenga que gastar recursos en construcción ni perder la titularidad del suelo.
¿Qué ventajas ofrece el derecho real de superficie para la vivienda de arriendo en Colombia?
El derecho real de superficie posibilita que el Estado facilite vivienda en arriendo en terrenos públicos sin perder la propiedad del suelo, lo cual ayuda a mantener activos y garantizar precios razonables. Esta herramienta fomenta la inversión privada para construir y operar viviendas en arriendo social, recuperando la inversión mediante los cánones y subsidios, y al final del tiempo pactado, los inmuebles vuelven al Estado. Así se incrementa el parque de arriendo público en ubicaciones estratégicas sin que los recursos públicos deban cubrir toda la inversión inicial.
¿Cómo se diferencia la política de vivienda de Colombia frente a países europeos como España?
Según datos del DANE y la experiencia relacionada en el artículo, Colombia ha centrado su política en promover la vivienda propia mediante subsidios, beneficios tributarios y normas que incentivan a los constructores, con énfasis en VIS y VIP. Por el contrario, países europeos han implementado controles de arriendo y potenciado la vivienda pública en alquiler, destacando casos como el de Viena, donde el Estado mantiene la titularidad del suelo y proporciona vivienda subsidiada en arriendo a gran parte de la población.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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