En la actualidad hay 911.440 contratos por prestación en el Estado, dijo el entrevista. Estos tienen fecha de inicio y de final y aunque son sueldos altos, los beneficiados son obligados a pagar su seguridad social, pensión y demás valores.

Sin embargo, desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia se puso como objetivo cambiar esta situación y a través de César Manrique, director del Departamento Administrativo de Función Pública en Colombia, la idea toma más forma.

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En diálogo con Blu Radio, el funcionario explicó que habrá un gran cambio en la contratación pública nacional que, hasta el momento, le ha costado 20 billones de pesos al país. “Toda la administración publica a nivel nacional esta permeada por los contratos de prestación de servicio”, aseguró.

Aunque será un trámite que demorará un tiempo, sí esperan ver avances desde el próximo año, pues la idea es mejorar las condiciones laborales de casi un millón de personas que trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios con el Estado.

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“Lo que ellos pagan hoy, se lo va a pagar el estado y va a tener vacaciones y demás. La intención es quitar la precariedad con la que trabajan”, dijo el funcionario en la emisora.

Trabajar con las entidades del Estado es el sueño de muchos profesionales y aunque el salario neto sí bajará, Manrique explicó que “el ingreso real va a ser mayor. Actualmente perciben honorario hasta por 10 meses, no tienen prestaciones sociales, garantías laborales, vacaciones primas. Todos esos factores van a mejorar“.

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Este proceso se harán en dos vías: “Una es de ampliación de plantas, en la que se revisarán las cargas laborales para saber cuántos servidores se necesitan para cumplir con la prestación del servicio. La segunda son las plantas temporales de cada entidad, en las que se establezcan cuáles son las políticas que se van a adelantar y cuales son los proyectos a realizar”, dijo el directivo.

Sin embargo, las personas que trabajan actualmente con el Estado no serán vinculadas directamente con la nueva forma de contratación. La intención es que se hagan procesos juiciosos en las que no se puedan elegir a dedo las personas que se quedan en los cargos.

“Esos contratos (los vigentes) se van a finiquitar este año y comenzamos un proceso de transición en el que haya posibilidad de ampliar las plantas (donde se pueda) y, donde no, crearlas temporalmente con unas características especiales que permita prestar un mejor servicio”, dijo César Manrique.

El cambio será en todos los niveles: asistenciales, técnicos y profesionales. “Se deben ingresar por facultades meritocráticas. No va a ser a dedo, sino examinando las experticia de los aspirantes”, explicó

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