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En total, son más de 260.000 ciudadanos afectados, así como 400 personas entre naturales y jurídicas que están siendo investigadas.
Los datos se conocieron luego de anunciar una medida de intervención sobre la sociedad Asesoramos Futuro S.A.S. y su representante legal, por captación masiva y habitual no autorizada.
En el caso de esta compañía, se encontró la suscripción de contratos denominados “cuentas en participación”, y que captó masivamente dinero del público sin tener autorización.
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De acuerdo al ente de control, la sociedad tiene obligaciones vigentes con 1.008 personas y por más de 1.010 operaciones, con lo que se pagaría un monto superior a $ 12.268 millones. Sin embargo, el patrimonio líquido sería ascendía apenas a $ 5,7 millones.
La Supersociedades estableció que “la realidad económica de la operación no corresponde con un acuerdo de esa naturaleza, sino que se ajusta más a la celebración de un negocio mediante el cual las personas objeto de la medida de intervención recibían el dinero, sin que mediara a cambio un bien o servicio, más allá de la simple obligación a cargo de la sociedad de devolver el dinero que se le entregaba más un rendimiento fijo del cual no se encontró ninguna explicación financiera razonable”.
El superintendente Escobar dijo que “la actuación de la Superintendencia de Sociedades fue eficaz y cumplió con la finalidad del régimen de intervención estatal por captación no autorizada, pues además de que se adelantó una investigación de manera rápida y oportuna desde que se presentó la primera queja el 4 de enero de 2024, se logró identificar el esquema de recaudo ilegal con el propósito de restablecer el orden público económico que se estaba viendo afectado en la ciudad de Manizales con ocasión de la captación aludida”.
A comienzos de este mes la entidad reportó que en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, decretó varias intervenciones judiciales contra empresas que desarrollaban actividades de captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización previa del Estado.
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Es así como a través de Autos de 7 de diciembre de 2023 decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Cristian David García Suárez, Diego Alejandro García Suárez y el establecimiento de comercio DA Markets Company.
El modelo de negocio consintió en un supuesto “fondo de inversión” para lo cual recibieron dineros del público, obligándose a la restitución del importe inicial y al pago de unos rendimientos, sin contar con la autorización de la Superintendencia Financiera para la constitución y funcionamiento de dicho fondo de inversión.
A través de Autos de 15 de diciembre de 2023 se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Santiago Andrés Silva Copete. En este caso, el modelo del negocio consistió en promoción de actividades como la compra y venta de ganado; compra, venta y alquiler de vehículos; trading deportivo y otro tipo de inversiones con la promesa de obtener la devolución del valor entregado y una rentabilidad fija. La captación ascendió a un aproximado de $ 7.325.800.000 de al menos 78 personas.
Y por los Autos de 18 de enero de 2024 decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Efinanzas y de sus accionistas Holman Henry Borda Muñoz y César Eduardo Santos Monroy.
La Superintendencia de Sociedades señaló que a diciembre de 2023, las captaciones no autorizadas alcanzaron la suma de $ 4,25 billones, con un porcentaje de devolución equivalente a un 28 % y un saldo insoluto que alcanzó un inquietante 72 %.
📰#Comunicado| Medida de intervención sobre ASESORAMOS FUTURO S.A.S y su representante legal
Conoce detalles⤵️https://t.co/xJCZUN5aoA pic.twitter.com/eraB7ZZAFC
— Supersociedades (@SSociedades) February 27, 2024
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