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Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la Superintendencia de Sociedades decretó tres intervenciones judiciales por desarrollar actividades de captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización previa del Estado.
Se trata de las firmas Da Markets Company, Efinanzas SAS y de Santiago Andrés Silva Copete, como persona natural.
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La primera de ellas, propiedad de Cristian David García Suárez y Diego Alejandro García Suárez, consintió en un supuesto “fondo de inversión” para lo cual recibieron dineros de las personas, con la promesa de la restitución del importe inicial y el pago de unos rendimientos, sin contar con la autorización de la Superintendencia Financiera para la constitución y funcionamiento de dicho fondo.
De esta manera, la Supersociedades decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de los García Suárez, y de Da Markets Company.
Según la autoridad, la captación ascendió a $ 145 millones de al menos 23 personas.
Por otro lado, el pasado 15 de diciembre de 2023 también se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, negocios y patrimonio de Santiago Andrés Silva Copete, como personal natural, y quien también es representante legal de Copete Inversiones.
El modelo del negocio consistió en la promoción de actividades como la compra y venta de ganado; compra, venta y alquiler de vehículos; trading deportivo y otro tipo de inversiones, con la promesa de obtener la devolución del valor entregado y una rentabilidad fija.
La captación ascendió a un aproximado de $ 7.325 millones de al menos 78 personas.
Otra de las compañías intervenidas es Efinanzas SAS, pues se comprobó que esta se dedicaba a captar dineros del público por medio de la suscripción de contratos de cuentas en participación, uno para realizar arbitraje de activos financieros e invertirlos en el mercado de valores sin estar autorizados, y otro para ejecutar actividades de compra y venta de activos digitales o criptomonedas en Colombia como en el exterior.
De acuerdo con la Supersociedades, no existió una actividad económica comprobable que generara recursos para asumir el pago de las obligaciones y las rentabilidades fijas mensuales que prometían.
La captación ascendió a $5.155 millones de al menos 51 personas.
Por lo anterior, las autoridades tomaron posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de dicha sociedad y de sus accionistas, Holman Henry Borda Muñoz y César Eduardo Santos Monroy.
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La Superintendencia informó que estos procesos de intervención judicial avanzan con el propósito de identificar los bienes, realizar el avalúo de los mismos, agotar el periodo de venta y, posteriormente, hacer la respectiva devolución de los dineros a los afectados.
En total, a diciembre de 2023, los procesos vigentes que lleva la Supersociedades de captaciones no autorizadas de dinero alcanzaron la suma de más de $ 4 billones.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que este tipo de captaciones ilegales de dinero aún persiste y cada día se reinventa aprovechando el uso de las nuevas tecnologías a través de internet, como plataformas digitales, criptoactivos, entre otros.
“Esto debe generar alerta para el cuidado de los recursos por parte de cada uno de los ciudadanos. Se debe tener en cuenta que, en el marco de los procesos de intervención judicial, en diversas oportunidades no se encuentran recursos o bienes para lograr el objetivo de devolución de los dineros a las personas, o los recursos encontrados no alcanzan a cubrir las captaciones realizadas”, advirtió Escobar.
Para consultar los procesos de intervención judicial puede ingresar a la siguiente página web: servicios.supersociedades.gov.co.
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