Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
La transición del programa Colombia Mayor hacia la renta básica solidaria representa un hito relevante en las políticas públicas para los adultos mayores del país, evidenciando un viraje hacia la inclusión y el fortalecimiento del tejido social. A diferencia de los esquemas tradicionales, que segmentaban los subsidios según regiones y características socioeconómicas, la nueva disposición amplía sustancialmente tanto la cobertura como el valor de los beneficios. En la actualidad, Colombia Mayor asiste a cerca de 1,7 millones de personas, con subsidios que van desde 80.000 hasta 225.000 pesos mensuales, pero el nuevo esquema espera beneficiar a 3,1 millones de adultos mayores, quienes podrán recibir 230.000 pesos mensuales bajo el llamado Pilar Solidario, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos vinculados a edad, capacidad laboral, pertenencia étnica o roles sociales vulnerables como el cuidado no remunerado.
Este enfoque innovador es parte de una política gubernamental más amplia orientada a garantizar una vejez digna a quienes han trabajado por el desarrollo nacional pero que, por razones estructurales, no cuentan con una pensión. Como señaló Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, el Estado se propone identificar activamente a los potenciales beneficiarios, apoyándose en equipos de campo, alcaldías y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta articulación busca no solo ampliar la cobertura sino también superar históricas barreras de acceso, especialmente en zonas rurales y apartadas donde la desigualdad social y el aislamiento dificultan la llegada de los apoyos estatales (cifras y enfoque según fuentes de Prosperidad Social y DANE).
La metodología de búsqueda e inscripción directa, gratuita y sin intermediarios es clave en la estrategia. Responde a la necesidad de combatir las profundas brechas geográficas y demográficas que caracterizan a Colombia, donde, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 15% de la población corresponde a adultos de 60 años o más, porcentaje previsto en aumento para la próxima década. Esta realidad impone la urgencia de reconfigurar los sistemas de protección social, dotándolos de capacidad adaptativa frente a un gradual envejecimiento poblacional y contextos marcados por desigualdad territorial y social.
La transformación del programa se suma a tendencias internacionales validadas por análisis del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instituciones que destacan la eficacia de transferencias monetarias directas, condicionadas o no, para aliviar la pobreza extrema en grupos etarios vulnerables. Se reconoce, sin embargo, la complejidad operativa de identificar, inscribir y seguir a quienes viven en zonas con baja conectividad y limitado acceso institucional. El despliegue incluye esfuerzos significativos de logística, integración tecnológica e involucramiento comunitario, todas acciones recomendadas para la correcta focalización y protección frente a fraudes y malas prácticas.
El programa no solo pone atención especial en la población rural y dispersa, sino que, además, incorpora criterios de inclusión étnica y para cuidadores o personas con discapacidad sin ingresos propios, reforzando el compromiso estatal con poblaciones históricamente excluidas. Prosperidad Social enfatiza que el proceso será completamente transparente, con beneficiarios contactados directamente una vez validadas sus condiciones, respondiendo a estándares internacionales de gobernanza institucional y manejo riguroso de los recursos públicos.
En conclusión, la transición hacia una renta básica solidaria constituye la ampliación de derechos para una de las poblaciones más vulnerables del país, promueve la universalización del acceso a la protección social y representa un desafío administrativo y ético que deberá ser afrontado mediante una articulación eficaz entre Estado, comunidades y territorios. El reto mayor será sostener la integralidad y alcance del programa, especialmente ante escenarios de crecimiento poblacional y demandas crecientes de equidad e inclusión social.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el Pilar Solidario y cómo se diferencia de una pensión tradicional?
El Pilar Solidario, según lo implementado en la renta básica solidaria, es un sistema de apoyo monetario mensual dirigido a adultos mayores que no cuentan con pensión y que cumplen criterios socioeconómicos y de vulnerabilidad específicos. A diferencia de una pensión tradicional —que requiere aportes previos al sistema de seguridad social—, el Pilar Solidario no exige cotizaciones anteriores y busca garantizar un ingreso básico para la supervivencia y dignidad, focalizando especialmente a quienes no tienen otras fuentes de recursos.
Esta distinción es fundamental para comprender la cobertura e impacto de la política, ya que reconoce y responde a la realidad de millones de adultos mayores que han trabajado informalmente o en sectores rurales sin capacidad de cotizar a una pensión. El Pilar Solidario se convierte así en una herramienta de justicia social y redistribución que complementa, pero no reemplaza, los sistemas contributivos tradicionales.
¿Cómo se realiza la identificación y registro de beneficiarios en zonas rurales apartadas?
La identificación y registro de los beneficiarios, especialmente en áreas rurales y apartadas, constituye uno de los principales retos de la implementación de la renta básica solidaria. Para abordar esta problemática, equipos de campo de Prosperidad Social, en coordinación con las alcaldías y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), llevan a cabo una búsqueda activa que incluye el desplazamiento físico a comunidades de difícil acceso y campañas de sensibilización pública, tal como lo destacan fuentes oficiales.
Este modelo de gestión prioriza la eliminación de barreras geográficas, la gratuidad del proceso y la ausencia de intermediarios para evitar fraudes. Además, se apoya en registros civiles y bases de datos estatales, reconociendo que las limitaciones tecnológicas y de infraestructura pueden representar obstáculos adicionales. Por ello, la acción comunitaria y el trabajo colaborativo con líderes locales son cruciales para el éxito en esta tarea.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
