Ese artículo de la denominada Ley del empleo del adulto mayor dice que las empresas que contraten a personas de esa población “tienen derecho a deducir en el impuesto sobre la renta el 120 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas durante los años gravables en los que el empleado prmanezca contratado […] siempre que correspondan por lo menos al 2.5% de la planta de personal para empleadores que posean un número de trabajadores menor a cien (100) empleados”.

No obstante, en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso se deroga este punto, por lo que uno de los impulsadores de la ley del 2020, el representante a la Cámara José Daniel López, reprochó este punto:

“Si antes de la pandemia 2 de cada 5 adultos mayores estuvieron buscando trabajo o trabajando, ¿cómo estará esta población hoy? Muchos viven del rebusque o la solidaridad, al no contar con pensión ni trabajo formal”, escribió el congresista, como se lee a continuación:

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Por lo mismo, el representante es uno de los tantos que piden retirar la reforma tributaria, que no apoya ni siquiera el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

De hecho, Uribe pide que hagan modificaciones para no tocar el IVA de los alimentos, no ponerle impuesto a los servicios públicos de la clase media y alta y, en cambio, considerar que los bancos hagan una mayor contribución.

Por esta reforma tributaria se programó un paro nacional, que las autoridades pidieron aplazar por la emergencia que atraviesa el país por el tercer pico de la COVID-19.

No obstante, el comité que lo convoca mantiene la idea de salir a marchar.

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