La reforma pensional, una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro, podría quedarse sin piso jurídico. El magistrado Ibáñez, ponente del caso en la Corte Constitucional, presentó un documento en el que propone declarar inexequible la ley al concluir que el Congreso no corrigió los errores de procedimiento que motivaron su devolución al Legislativo.
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Según la ponencia, de 83 páginas y confirmada por fuentes del alto tribunal a El Tiempo, durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes no se subsanó el vicio de trámite señalado por la Corte. Aunque el Congreso tenía la obligación de hacer un nuevo debate con deliberación sustancial, finalmente se optó por ratificar el texto aprobado por el Senado sin modificaciones ni discusión suficiente.
¿Por qué podría hundirse la reforma pensional?
El principal motivo sería la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales durante el trámite legislativo. La Corte había ordenado al Congreso corregir un defecto procedimental, pero, según la ponencia, en las sesiones convocadas no se dio un debate real sobre el articulado.
Además, existen dudas sobre la validez del quórum con el que se aprobó el orden del día en la sesión del 28 de junio, un aspecto clave para determinar si la votación fue legítima, precisa el rotativo.
La ponencia de Ibáñez será discutida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que deberá decidir si acoge o no su propuesta de declarar inexequible la norma.
En paralelo, el proceso enfrenta otro capítulo: se espera que se resuelva la recusación presentada contra el magistrado Héctor Carvajal, señalado de tener posibles impedimentos por contratos previos con Colpensiones.
¿Qué puede pasar con la reforma pensional en la Corte Constitucional?
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen tres caminos posibles:
El primero es la declaración de constitucionalidad, que validaría el trámite legislativo y permitiría implementar la reforma conforme al cronograma del Gobierno.
El segundo escenario sería la inexequibilidad total, si se comprueban vicios graves e insubsanables, lo que dejaría vigente el actual sistema pensional.
Finalmente, la Corte podría optar por una inexequibilidad parcial o diferida, en caso de hallar errores menores o corregibles, concediendo un plazo al Congreso para enmendarlos.
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