La Sala Plena de la Corte Constitucional admitió una recusación contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal, lo que suspende el análisis de la reforma pensional.
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Durante la sesión de este martes 14 de octubre, el alto tribunal consideró procedente la recusación presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que el magistrado estaría impedido para participar en la decisión al haber tenido presuntos vínculos contractuales con Colpensiones, una entidad directamente implicada en los efectos del fallo.
La Corte informó que “la sala encontró procedente la recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal y, en consecuencia, se abre el trámite incidental correspondiente, que será resuelto en las próximas sesiones”. El presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez Najar, fue designado como ponente del incidente de recusación.
Recusación retrasa decisión final sobre reforma pensional
El procedimiento implica que el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional quedará suspendido hasta que se determine si Carvajal está o no habilitado para participar en el proceso.
Este tipo de incidentes se resuelven mediante deliberación y votación interna de la sala plena, y solo cuando se adopte una decisión formal se podrá reanudar el análisis del expediente principal.
De prosperar la recusación, el Gobierno perdería una aparente mayoría favorable dentro de la Corte Constitucional, lo que podría modificar el rumbo de la discusión sobre la reforma pensional.
En ese escenario, la Sala debería designar un conjuez para reemplazar a Carvajal en la votación del caso. Además, si la decisión sobre la recusación termina en empate, también sería necesario nombrar un conjuez adicional únicamente para resolver ese incidente.
Reforma pensional: ¿qué pasará con decisión de Colpensiones?
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen tres caminos posibles, detalló Infobae.
El primero es la declaración de constitucionalidad, que validaría el trámite legislativo y permitiría implementar la reforma conforme al cronograma del Gobierno.
El segundo escenario sería la inexequibilidad total, si se comprueban vicios graves e insubsanables, lo que dejaría vigente el actual sistema pensional.
Finalmente, la Corte podría optar por una inexequibilidad parcial o diferida, en caso de hallar errores menores o corregibles, concediendo un plazo al Congreso para enmendarlos.
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