Como era de esperarse, la iniciativa generó polémica entre varios sectores, especialmente en el de los empresarios y en el mismo Gobierno.
El proyecto de ley es el 202 de 2018 y busca crear una prima legal para la canasta familiar. Este beneficio lo recibirían quienes ganen hasta 3 salarios mínimos legales vigentes en los sectores privado y público. El pago correspondería a 15 días del salario mínimo que se pagarían cada año al trabajador.
Sobre esta iniciativa el Ejecutivo ya presentó sus reparos a través del Ministerio de Hacienda y argumenta que esta iría en contra de la reactivación económica del país.
De acuerdo con La W, el Ministerio de Hacienda expresó su desacuerdo con el proyecto y pidió revisarlo porque se afectaría la formalización laboral y también se aumentaría la migración de la población venezolana.
En línea con el Minhacienda, los empresarios, a través del Consejo Gremial, expresaron su desacuerdo con esta nueva prima para los empleados porque, aseguran, afectaría los presupuestos y la formalización.
“El Consejo Gremial hace un llamado al Congreso de la República para que se consideren de manera responsables los argumentos expuestos por el Gobierno Nacional y solicita que se archive esta iniciativa”, expresaron los empresarios en un comunicado citado por Caracol Radio.
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