Históricamente, la compra de casa en Colombia requería de un monto mínimo del 30 % del valor de un inmueble. Sin embargo, el Gobierno plantea una estrategia para que la financiación, posterior a la cuota inicial, pueda cubrir montos de hasta el 90 %.

Según el diario Portafolio, esta idea del Ejecutivo ha desatado varias polémicas y analistas sugieren revisarla con cuidado. Para el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, esta idea podría ser errada si se tiene en cuenta que en el momento de la compra la persona tiene un empleo fijo, pero que esto puede cambiar a largo plazo y la vivienda puede caer de valor, y la tasa de interés puede aumentar.

“En ese momento uno piensa en quién fue el que nos metió en eso, alguien que con un exceso de optimismo que  pasó una ley para generar un PIB por dos o tres años y que indujo a la economía a tomar unos riesgos excesivos”, sostuvo Echeverry, citado por Portafolio.

La propuesta de permitir que los colombianos puedan comprar vivienda con solo el 10 % de cuota inicial la lidera el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y uno de los argumentos es reactivar el sector y motivar a los constructores y compradores.

Pese a esto, y en línea con Echeverry, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo considera la intención de Malagón como “imprudente”.

“Subir la financiación de la vivienda no VIS hasta el 90%, puede acarrear un ‘moral hazard’ inconveniente. Puede relajar la disciplina mínima que deben tener los deudores”, señaló Restrepo a ese mismo medio económico.

La otra mirada y defensa del proyecto la tiene el ministro Malagón, que entre las medidas para reactivar el sector vivienda en el país anunció garantías de los recursos para los subsidios hasta 2024; aumentar el porcentaje de financiación del crédito hipotecario; garantizar los créditos hipotecarios con hasta 650.000 millones de pesos;  concurrencia de subsidios del Gobierno; y ajuste a topes de precios para vivienda de interés social (VIS), describe el diario La República.

La propuesta del Gobierno Nacional debe ser estudiada y aprobada a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).