Por primera vez en la historia de Colombia (y en un hecho histórico para Latinoamérica), el país logra un acuerdo por una queja presentada por las centrales obreras ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así lo dio a conocer la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien anunció la respuesta a la queja presentada desde el 2020 a las tres centrales sindicales más reconocidas del país (Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Confederación de Trabajadores, CTC, y Confederación General del Trabajo, CGT) sobre el decreto 1174 del Piso de Protección Social.
Este proceso comenzó en 2020, cuando el gobierno anunció este decreto con el que aseguraba quería darle seguridad social a trabajadores cuyo salario no superara un salario mínimo mensual. Estos trabajadores tenían acceso a salud, en el régimen subsidiado, a un seguro que cubre riesgos laborales y un ahorro para la vejez por medio de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP, programa de ahorro para quienes no cuenten las condiciones para pensionarse).
En aquel momento, la decisión no gustó en las centrales obreras, que demandaron y, por tal razón, desde 2021, una sentencia de la Corte Constitucional mantenía este esquema inactivo.
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Con la llegada de una exmilitante sindical al Ministerio del Trabajo, muchas decisiones que por años mantuvieron las centrales obreras se han solucionado y ahora anunciaron esta decisión sobre el decreto 1174.
“Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”, puntualizó la ministra.
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Para las centrales obreras, este decreto recortaba los derechos de los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo mensual y les negaba el acceso a la pensión. De hecho, en su momento la llamaron la “reforma laboral disfrazada”, y señalaban que promovía el trabajo por horas y desincentivaba el empleo de calidad.
Los sindicatos señalaban que la afiliación al régimen subsidiado de salud para estos colombianos hacía que no se les reconocieran licencias de maternidad, paternidad o cualquier tipo de incapacidad. Así mismo, para estas organizaciones, los BEP les quitan a los trabajadores la posibilidad de acceder a una pensión, recuerda América Economía.
Ahora que derogaron el decreto, el Ministerio del Trabajo señaló que buscará nuevas alternativas que vayan dirigidas en ese mismo sentido, pero sin afectar lo que disgustó a las centrales obreras.
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“El Gobierno, promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los trabajadores y trabajadoras que laboran al servicio de otra persona (natural o jurídica), a tiempo parcial o de menores ingresos, sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes, del Sistema de Seguridad Social Integral”, anunció ese ministerio.
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