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Colombia enfrenta una inminente transformación en el régimen impositivo aplicado a las bebidas alcohólicas destiladas. Según información publicada por La Patria, el país verá un fuerte incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para estos productos, que pasará del 5% al 19%. A ello se sumará un drástico aumento en el Impuesto al Consumo (Ipoconsumo), específicamente en el componente que grava por cada grado de alcohol, el cual se duplicará de $342 a $750, lo que corresponde a un alza del 119,2%. Estas nuevas políticas fiscales ya han suscitado preocupación entre empresarios del sector licorero.
Las implicaciones de estas medidas van mucho más allá del porcentaje de la tarifa: afectan directamente el precio final que los consumidores deberán pagar. Como explicó el gerente citado por La Patria, el impacto no solo resulta del aumento del IVA o el Ipoconsumo, sino también de un ajuste significativo en el impuesto ad valorem. Este último es un gravamen calculado como porcentaje sobre el valor comercial del bien, en este caso, de las bebidas alcohólicas, y su referencia la determina el Departamento Nacional de Estadística (DANE).
De acuerdo con la Ley 1816 de 2016, la base para la aplicación del impuesto ad valorem es el Precio de Venta al Público (PVP) de referencia, y cada departamento es responsable de su correcta recaudación y administración. No obstante, el nuevo ajuste implica que una botella de 750 mililitros de Aguardiente Amarillo de Manzanares, por ejemplo, alcanzará un precio sugerido de $71.112, en comparación con los $49.705 previstos para 2025, lo que supone un incremento de $21.407. En el caso del ron Viejo de Caldas tradicional, el salto es incluso mayor: de $54.545 en 2025 a $84.604 en 2026.
Desde la perspectiva de los productores, este tipo de aumentos podría comprometer la viabilidad del comercio formal de licores en Colombia. Según datos citados por el gerente y reportados por La Patria, experiencias similares en otros países muestran que incrementos abruptos en los impuestos terminan incentivando el contrabando y la proliferación de licor adulterado, con efectos negativos directos sobre la salud pública.
Esta percepción se refuerza con cifras de Euromonitor, reseñadas por el diario, que indican que aproximadamente el 24% del licor consumido en Colombia es adulterado, una cifra que podría dispararse si la nueva carga fiscal reduce aún más el acceso a productos legales. De hecho, los recursos recaudados por concepto de impuesto al consumo entre 2022 y 2023 ascendieron a cerca de $1,2 billones, de los cuales $120 mil millones corresponden al departamento de Caldas, montos tradicionalmente destinados a financiar la salud y educación regional.
Sin embargo, el nuevo decreto estipula que el excedente recaudado por el incremento del 119% en la tarifa del impuesto al consumo, así como el ad valorem, deberá ser girado directamente al Gobierno Nacional y no a los departamentos. En palabras del gerente, esto significa que la salud y la educación locales dejarían de recibir estos fondos, afectando a las comunidades y beneficiando, en cambio, a la ilegalidad y el comercio clandestino de licor.
¿Qué es el impuesto ad valorem y cómo afecta a los consumidores?
El término "ad valorem" proviene del latín y significa literalmente "según el valor". En el contexto de los impuestos de productos como los licores, el ad valorem corresponde a un tributo que se calcula como un porcentaje sobre el valor de venta del producto. Según la información explicada en La Patria, este impuesto lo administra cada departamento, pero el precio de referencia lo establece el Departamento Nacional de Estadística (DANE).
La relevancia de este gravamen es significativa, pues al ser un porcentaje sobre el valor comercial, cualquier alza en el precio del producto a causa de medidas fiscales o del mercado repercute directamente en el monto del impuesto que paga el consumidor. En el caso de los licores, este mecanismo contribuye de manera importante al encarecimiento de las bebidas, impactando tanto en el bolsillo del comprador como en la recaudación de recursos destinados al sector público.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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