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Un documento de trabajo que habría circulado en el Gobierno Nacional durante el fin de semana encendió la discusión sobre el futuro del salario mínimo en Colombia. El borrador, atribuido a equipos técnicos del Ministerio del Trabajo, plantea un incremento del 23 % para 2026, lo que llevaría el salario mínimo mensual a 1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte, que se definiría mediante un decreto separado.
Aunque no se trata de una decisión oficial ni de un anuncio formal del Ejecutivo, la filtración del documento abrió un intenso debate económico y político, debido a la magnitud del aumento propuesto y a sus posibles efectos sobre la inflación, el empleo y el costo de vida.
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Según el texto conocido, la propuesta se fundamenta en la necesidad de reducir la brecha entre el salario mínimo legal y el denominado “salario vital”, un concepto promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca que la remuneración laboral sea suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, sin depender de ingresos adicionales.
Bajo esa metodología, el Gobierno estima que el salario mínimo ideal en Colombia debería ubicarse por encima de los $1,8 millones mensuales, sin auxilio de transporte. No obstante, el propio documento reconoce que ese ajuste no sería prudente aplicarlo en una sola vigencia fiscal, por lo que plantea un aumento progresivo, iniciando con un alza del 23% en 2026.
Desde el Ejecutivo se argumenta, además, que la reducción del desempleo y la mejora en algunos indicadores de crecimiento económico crearían un entorno favorable para un incremento “justo”, compatible con la sostenibilidad macroeconómica y la protección del ingreso de los trabajadores formales.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes reparos desde distintos sectores. Economistas y analistas advierten que un aumento de esta magnitud —muy por encima de la inflación proyectada para 2025, cercana al 5%— podría tener efectos colaterales significativos en una economía altamente indexada al salario mínimo.
Además, en Caracol Radio, la periodista Diana Saray dijo que el presidente estaba “muy molesto” por la filtración del documento porque no era la intención que se produjeran rumores en torno a la cifra del aumento.
En Colombia, más de 70 bienes, tarifas y servicios están atados directa o indirectamente al salario mínimo. Entre ellos se encuentran matrículas educativas, cuotas de administración, multas, aportes, trámites, costos de transporte y algunos servicios regulados. Un incremento del 23% implicaría un ajuste automático en estos rubros, con impacto no solo para quienes reciben el salario mínimo, sino para la población en general.
Las alertas también se centran en el mercado laboral. De acuerdo con cifras oficiales, solo alrededor de 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo, mientras que más de 11 millones de personas reciben ingresos inferiores, en su mayoría en condiciones de informalidad o empleo precario. Para estos hogares, el efecto indirecto de un alza elevada podría traducirse en mayores costos de vida sin un aumento proporcional de ingresos.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en diálogo con Blu Radio, ha señalado que incrementos del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral suelen generar tres efectos principales: mayor inflación, aumento de la informalidad y ajustes en la calidad del empleo. “En la práctica, los empresarios —especialmente los pequeños— trasladan parte del mayor costo laboral a los precios finales, reducen contrataciones o sustituyen empleos de tiempo completo por esquemas parciales”, dijo.
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Según el director de Fedesarrollo, uno de los sectores más sensibles sería el de la vivienda. Aunque varios costos se han desindexado del salario mínimo en los últimos años, el valor de la vivienda de interés social (VIS) sigue atado a este indicador. Con un aumento del 23%, el precio tope de una VIS en las principales ciudades como Bogotá y Medellín superaría los $260 millones en 2026, encareciendo las cuotas iniciales y los créditos hipotecarios para miles de familias.
Hasta ahora, el Gobierno no ha confirmado oficialmente la cifra ni el contenido del borrador. No obstante, el presidente Gustavo Petro ha reiterado en distintos escenarios su intención de avanzar hacia un salario “vital” y “familiar”, lo que sugiere que el debate seguirá abierto en las próximas semanas.
Mientras tanto, la filtración del documento deja sobre la mesa una discusión de fondo: cómo mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin desatar presiones inflacionarias ni agravar la informalidad, en un país donde el salario mínimo sigue siendo un referente clave para toda la economía.
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