La cartera señaló que el próximo 11 de agosto presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley enfocado a reducir las tarifas de energía eléctrica, en respuesta a las crecientes quejas de los ciudadanos por los altos costos del servicio.
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La iniciativa, liderada por el ministro Edwin Palma, busca reformar el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios, promoviendo transparencia, eficiencia y equidad en la distribución de los costos, explica La República.
El anuncio responde a las críticas de usuarios y gremios, quienes han señalado que las tarifas eléctricas, que en algunos casos han aumentado hasta un 30% en los últimos años, según datos de Asoenergía, afectan la competitividad del país y el presupuesto de los hogares. La iniciativa también llega tras la recepción de propuestas del gremio energético, que ha instado al Gobierno a abordar la crisis tarifaria con medidas estructurales.
El proyecto de ley tiene como objetivos principales optimizar la estructura de costos, incentivar el uso eficiente de la energía y garantizar una formación transparente de las tarifas, según explicó el ministro Palma.
“Este nuevo marco legal será construido colectivamente con usuarios, trabajadores, expertos del sector y actores del Congreso”, afirmó, citado por el rotativo.
Estratos 4, 5 y 6 pagarán más cara la energía
Uno de los puntos centrales de la propuesta es redistribuir la carga financiera de la deuda de la opción tarifaria, un mecanismo que ha permitido a las empresas distribuidoras diferir costos a los usuarios.
El Ministerio propone que los estratos altos (4, 5 y 6), junto con los sectores industrial y comercial, asuman esta deuda, aliviando la presión sobre los hogares de menores ingresos.
Además, se revisará la continuidad de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, limitándolos a quienes no superen el doble del consumo de subsistencia. En caso contrario, los usuarios serían reasignados a un esquema de contribuciones, asegurando que los beneficios se dirijan a quienes más los necesitan.
Otro aspecto clave del proyecto es la reestructuración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), encargada de establecer las políticas tarifarias. La propuesta plantea que la CREG esté compuesta por el ministro de Minas y Energía (quien la presidiría), el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cinco expertos en asuntos energéticos nombrados por el presidente, un representante de la academia, un representante de los usuarios, un representante de los sindicatos y el superintendente de Servicios Públicos, quien tendría voz pero no voto. Esta composición busca diversificar las perspectivas en la toma de decisiones, garantizando una regulación más inclusiva y equilibrada.
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