Una de las principales propuestas de campaña de actual Gobierno fue trabajar en dinámicas que permitan apoyar en la solución de la crisis del medio ambiente y reducir al máximo las actividades que pudieran contaminar al mismo.
(Vea también: A empresas en Colombia se les armó problema y Supersociedades les metió dura multa)
Y es que, bajo la Ley 2232 de 2022, se empezaron a impulsar sanciones en contra de personas y empresas que incumplan la norma y contaminen áreas protegidas en todo el territorio nacional. Si bien, las multas son millonarias, también se toman otras medidas que afectan directamente el bolsillo.
La ley en cuestión dicta: “Multas de cien (100) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de la ocurrencia de los hechos”. También existen otras sanciones que las empresas pueden sentir en su patrimonio, pues habrá decomiso de materiales, clausuras temporales y hasta definitivas.
Teniendo en cuenta lo anterior, Isabel Mancera Caldas, coordinadora de la organización Trulab, explicó:
“Cabe recordar que muchas de estas sanciones se imponen según la gravedad de la infracción y los criterios de ponderación establecidos en la ley. Sin embargo, las empresas también pueden recibir obligaciones restitutorias, que las obligan a realizar acciones específicas para corregir el incumplimiento y restituir el daño causado”.
Qué sanciones pueden tener las empresas
Y es que, aunque las personas naturales también pueden ser sancionadas, las microempresas, empresas y multinacionales podrán sufrir el eventual cierre de instalaciones, cancelación de licitaciones y quedar con una abultada deuda por las millonarias multas que superan los 50.000 Smlv.
“Se puede contemplar la orden de suspensión temporal de las actividades de las empresas, y en situaciones extremas, las autoridades pueden revocar las licencias, permisos o autorizaciones de operación de la empresa como consecuencia del incumplimiento reiterado o grave”, afirmó Mancera.
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