El pasado lunes, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó en la Cámara de Representantes una reforma tributaria ambiciosa, con la que se busca recaudar 25,8 billones de pesos en 2023, equivalentes al 1,78 % del PIB o unos 6 mil millones de dólares.
Este dinero se recaudará, según explicó el Ministerio de Hacienda, cargando más a las personas de mayores ingresos, a empresas financieras y del sector extractivo, y a productos poco saludables o contrarios al ambiente.
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Además, esta “Ley de Solidaridad Sostenible”, como la bautizó el Gobierno, plantea reducir el déficit fiscal, además de extender programas sociales como el Ingreso Solidario (que se busca sea permanente) y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF, que se ampliaría hasta junio de 2021).
Para algunos académicos la aplicación de esta reforma, que se discute en el Congreso, podría mejorar la distribución de la riqueza en el país, ya que algunas regiones del país recibirán mayores transferencias del Sistema General de Participaciones. Se estima que el incremento para todos los territorios será de $ 4,6 billones, de los $ 23,4 billones que apunta recaudar el proyecto.
Efectos de la reforma tributaria
Para Óscar Loaiza Pava, docente de Economía de la Universidad Piloto de Colombia, la reforma propuesta por el gobierno entrante, hasta ahora es un proyecto, que terminará siendo muy diferente tras su paso por el Congreso. Sin embargo, el docente universitario aseguró que se pueden esperar dos consecuencias de ella.
La primera, y se deriva del hecho de que se esté buscando grabar más impuestos a la parte más alta de la pirámide de ingresos del país. Es decir, a los que más tienen. En ese sentido, aumentará el impuesto de renta para los que ganen más de 10 millones de pesos. También grabará pensiones por encima de los 10 millones y el aumento en el impuesto al patrimonio, así como aumento de las ganancias ocasionales, explicó el docente universitario.
“Esa parte de la reforma puede terminar afectando a la parte más alta de la pirámide, pero no necesariamente la vida económica de todo un departamento”, aseguró el docente investigador.
Y agregó: “Esta reforma está diseñada para un segmento de la población, y esas personas no son más del uno por ciento de la población colombiana”.
De otra parte, el docente universitario habló sobre la polémica causada por los impuestos que se impondrán a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, que buscan desincentivar el consumo, más que recaudación.
“En ese caso, lo que veremos es una reconversión del consumo de las personas. Es decir, los ciudadanos comenzarán a buscar otras bebidas que no tienen azúcar. Al mismo tiempo, cuando se graven las comidas ultraprocesadas y las bebidas azucaradas, lo que va ocurrir es un aumento de los precios, que va generar inflación, pero en un solo periodo”, explicó el docente universitario.
En el caso de la gasolina, el profesor Loaiza explicó que se tendrá que pagar un impuesto, pero este va significar un aumento de precio una sola vez, pero el recaudo para recomponer el fondo de estabilización del precio de los combustibles, que quedó deficitario del anterior gobierno, ese aumento sí lo van a sentir los consumidores mes tras mes, ya que se prevé que suba 200 pesos por mes.
“Eso es un aumento de 1.000 pesos por galón cada cinco meses, eso sí va golpear el bolsillo de los colombianos más que un impuesto a la gasolina”, indicó el docente investigador.
Par finalizar, Loaiza indicó que esta reforma tributaria no buscan golpear a las clases menos favorecidas, sino al contrario, busca grabar a los que más capacidad adquisitiva tienen y beneficiar a las clases más bajas en el país. En el caso del Meta, a los más de 200 mil personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.
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