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La suspensión del decreto de emergencia económica por decisión de la Corte Constitucional ha supuesto un desafío inmediato para el gobierno de Gustavo Petro, situando a la administración en una posición de defensa de sus políticas. A raíz de esta medida, las respuestas no tardaron en llegar desde los altos cargos del ejecutivo. El propio presidente, a través de su cuenta en X, advirtió sobre el impacto que la cancelación de la recaudación de nuevos impuestos podría tener en la deuda pública y en las obligaciones fiscales para la siguiente administración. Mientras tanto, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, respaldó con firmeza la postura del gobierno en una entrevista en Blu Radio, aunque evitó dar respuestas precisas sobre el incremento del endeudamiento estatal dentro del periodo de Petro, al enfocar su argumento en el aumento de la inversión social.
Molina argumentó que el gasto público reciente ha priorizado ámbitos como salud, educación y la mejora de condiciones salariales. Explicó que estas áreas constituyen prioridades históricas del gobierno y que los incrementos obedecen a un compromiso con el bienestar social y la dignificación de sectores tradicionalmente olvidados. Según lo expresó la directora del DNP, cuestionar estos gastos corresponde en gran parte a una diferencia de valores, señalando que garantizar remuneraciones justas no debería entenderse como un mero asunto contable, sino como una obligación en la búsqueda de equidad social.
La funcionaria también advirtió sobre los efectos económicos de las decisiones tomadas por el Banco de la República, como el reciente aumento en la tasa de interés del 9,25 % al 10,25 %. Según Molina, estas medidas pueden desacelerar la reactivación económica, desincentivar la inversión y mermar la productividad nacional. La suspensión del decreto de emergencia fue calificada como “gravísima” en medio de un proceso presupuestal consensuado con el Congreso, el cual proyectaba un déficit de 16 billones de pesos a compensar a través de la Ley de Financiamiento.
Frente a los cuestionamientos sobre el origen de los recursos para financiar los nuevos compromisos sociales, Molina planteó el dilema de recortar presupuesto al pueblo o a los grupos de mayores ingresos, sugiriendo que la solución se encuentra en una reforma impositiva progresiva: que grava proporcionalmente más a quienes poseen patrimonios superiores a los 2.100 millones de pesos y menos al grueso de la población.
Al describir el déficit fiscal, calculado en 110 billones de pesos para este periodo, Molina insistió en que se trata de un problema estructural que persiste por la falta de acuerdo en el Congreso para financiar las reformas sociales prometidas desde la etapa electoral. Destacó que los incrementos del gasto público han recaído en la gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3, así como en la dignificación laboral de internos de medicina y soldados, compromisos que, a juicio de la directora del DNP, resultan esenciales en el actual contexto político y social.
De cara a las necesidades futuras, la funcionaria mencionó que se enfocarán parte de los recursos en educación, salud y la consolidación de hospitales de alta complejidad, poniendo como ejemplo el acuerdo logrado para el Hospital San Juan de Dios. El recorrido de Molina dentro del sector público ha sido acelerado y estratégico: tras participar en la campaña presidencial de Petro, asumió roles claves en la transición de gobierno, lideró proyectos en la Sociedad de Activos Especiales y ocupó cargos de asesoría y consultoría en entidades gubernamentales hasta llegar a encabezar el DNP desde junio de 2025.
¿Qué papel cumple el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación y evaluación de políticas públicas? El Departamento Nacional de Planeación, según lo mencionado en el contexto dado, es el organismo encargado de diseñar las estrategias centrales para la inversión social y el desarrollo territorial dentro del Estado colombiano. Su liderazgo influye directamente tanto en la estructuración del presupuesto nacional como en la priorización de inversiones clave para sectores fundamentales como salud y educación, así como en iniciativas de equidad y reforma fiscal. Comprender el alcance y las funciones de esta entidad resulta esencial para seguir el hilo de los debates económicos que enfrenta actualmente el país y para calcular el impacto de las decisiones del gobierno sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las tensiones y retos reflejados en el caso del decreto de emergencia muestran que el DNP no solo articula los recursos y programas de inversión social, sino que también funge como pieza clave en el diálogo entre gobierno, Congreso y sociedad, en un momento de alta relevancia para el futuro económico y social de Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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