El Ministerio del Trabajo inició una actuación administrativa y requirió formalmente a Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A. por presuntos “vulneraciones a los derechos laborales de personas en condición de vulnerabilidad” que habrían sido utilizadas como vendedores informales de sus productos.
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De acuerdo con la cartera laboral, la investigación se adelantó durante cerca de dos meses, periodo en el que se recopilaron y analizaron denuncias relacionadas con supuestas prácticas laborales irregulares en la comercialización de productos como Bon Ice y Vive 100. Según lo expuesto, estas personas habrían trabajado sin contrato, sin afiliación a seguridad social y sin un salario digno.
El requerimiento oficial da un plazo de cinco días a las compañías para pronunciarse y aportar pruebas dentro del proceso administrativo.
Denuncia señala presunta explotación de vendedores vulnerables
La actuación del Ministerio del Trabajo se originó tras la denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, abogado y exvendedor ambulante, quien alertó sobre lo que considera relaciones laborales encubiertas bajo esquemas informales.
Según el denunciante, estas prácticas afectarían especialmente a personas con pocas posibilidades de defensa, quienes asumirían todos los riesgos sin contar con garantías mínimas. Benavides sostuvo que no se trata de actividades ocasionales, sino de un modelo que permitiría a grandes empresas beneficiarse del trabajo informal extremo.
“Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno”, afirmó el denunciante al referirse al caso.
Empresas podrían enfrentar sanciones económicas
En el documento enviado a Quala y Grupo Nutresa, el Ministerio del Trabajo advirtió que el incumplimiento del requerimiento o la falta de respuesta dentro del plazo establecido podría derivar en sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos, conforme a la normatividad vigente.
Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales han señalado que este proceso podría marcar un precedente frente a un modelo ampliamente extendido en el país, en el que grandes compañías trasladan los riesgos laborales a poblaciones en situación de pobreza.
El proceso queda ahora en manos de la autoridad laboral, que deberá establecer si existió vulneración de derechos ciertos e indiscutibles y si estas prácticas constituyen una evasión de responsabilidades laborales frente a trabajadores vulnerables.
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