Suministro de información económica, política, financiera y bursátil
La iniciativa, conocida como “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, ya fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y solo requiere tres debates adicionales para convertirse en ley.
(Lea también: Lanzan alerta a quienes tienen deudas en Colombia y advierten por un “fantasma silencioso”)
El propósito central del proyecto es facilitar la salida acelerada de los reportes negativos en las centrales de riesgo una vez que las obligaciones financieras sean regularizadas. Según Giovanna Florián, directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), la propuesta incorpora cinco normas principales de aplicación sencilla orientadas a aliviar la carga financiera de millones de colombianos.
La primera disposición establece que los ciudadanos deberán ponerse al día con sus obligaciones dentro de un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. Este periodo permitirá que quienes se encuentren reportados negativamente puedan normalizar sus pagos y acceder al beneficio.
En segundo lugar, el proyecto dispone la eliminación rápida del reporte negativo una vez que la deuda sea cancelada o se cumpla el acuerdo de pago. El plazo máximo para la eliminación del registro sería de dos meses, lo que representa una mejora frente a los tiempos actuales de actualización en las centrales de riesgo.
Otro punto relevante se refiere a los usuarios del Icetex. En el caso de los créditos educativos, bastará con que el deudor llegue a un acuerdo con la entidad y pague seis cuotas consecutivas para salir de la lista negativa. Así, los beneficiarios de esta ley no solo podrían mejorar su historial crediticio, sino también acceder nuevamente a oportunidades de financiamiento para su formación académica.
¿A qué otros sectores beneficiaría esta ley?
Los alivios también se extenderían a deudores de vivienda, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a emprendedores del sector turístico, pequeños productores agropecuarios y trabajadores independientes. De esta manera, la propuesta pretende cubrir un amplio espectro de la población afectada por reportes negativos, incentivando la recuperación económica y la inclusión financiera.
No obstante, Florián aclara que el proyecto no implica una condonación de deudas. Para acceder a los beneficios, los ciudadanos deberán pagar la totalidad de la obligación o cumplir el convenio pactado. El objetivo es fomentar la cultura de pago y ampliar el acceso al financiamiento formal, evitando al mismo tiempo que se estimule la morosidad.
De acuerdo con cifras del Congreso, la medida podría beneficiar a cerca de 14 millones de colombianos. Los expertos que han participado en el debate legislativo señalan que entre el 20 % y el 25 % de los adultos en Colombia enfrentan restricciones para acceder al crédito formal debido a historiales negativos. Esta situación cobra especial relevancia en el actual contexto económico, caracterizado por un crecimiento proyectado del 2,5 % para 2025, una inflación superior al 5 % y una tasa de interés del Banco de la República de 9,25 %, factores que encarecen el acceso al crédito.
A ello se suma que los intereses efectivos anuales para créditos de consumo se ubican alrededor del 25 %, mientras que los préstamos productivos superan el 50 % EA. En este panorama, muchas familias recurren a alternativas informales de financiamiento, como el denominado “gota a gota”, práctica que, según la Defensoría del Pueblo, afecta aproximadamente al 30 % de los hogares de menores ingresos.
Un proyecto de ley en trámite en el Congreso de la República busca ofrecer una segunda oportunidad a los ciudadanos que enfrentan deudas con diferentes entidades. La iniciativa, conocida como “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, ya fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y solo requiere tres debates adicionales para convertirse en ley.
El propósito central del proyecto es facilitar la salida acelerada de los reportes negativos en las centrales de riesgo una vez que las obligaciones financieras sean regularizadas. Según Giovanna Florián, directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), la propuesta incorpora cinco normas principales de aplicación sencilla orientadas a aliviar la carga financiera de millones de colombianos.
La primera disposición establece que los ciudadanos deberán ponerse al día con sus obligaciones dentro de un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley. Este periodo permitirá que quienes se encuentren reportados negativamente puedan normalizar sus pagos y acceder al beneficio.
En segundo lugar, el proyecto dispone la eliminación rápida del reporte negativo una vez que la deuda sea cancelada o se cumpla el acuerdo de pago. El plazo máximo para la eliminación del registro sería de dos meses, lo que representa una mejora frente a los tiempos actuales de actualización en las centrales de riesgo.
Otro punto relevante se refiere a los usuarios del Icetex. En el caso de los créditos educativos, bastará con que el deudor llegue a un acuerdo con la entidad y pague seis cuotas consecutivas para salir de la lista negativa. Así, los beneficiarios de esta ley no solo podrían mejorar su historial crediticio, sino también acceder nuevamente a oportunidades de financiamiento para su formación académica.
¿A qué otros sectores beneficiaría esta ley?
Los alivios también se extenderían a deudores de vivienda, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a emprendedores del sector turístico, pequeños productores agropecuarios y trabajadores independientes. De esta manera, la propuesta pretende cubrir un amplio espectro de la población afectada por reportes negativos, incentivando la recuperación económica y la inclusión financiera.
No obstante, Florián aclara que el proyecto no implica una condonación de deudas. Para acceder a los beneficios, los ciudadanos deberán pagar la totalidad de la obligación o cumplir el convenio pactado. El objetivo es fomentar la cultura de pago y ampliar el acceso al financiamiento formal, evitando al mismo tiempo que se estimule la morosidad.
De acuerdo con cifras del Congreso, la medida podría beneficiar a cerca de 14 millones de colombianos. Los expertos que han participado en el debate legislativo señalan que entre el 20 % y el 25 % de los adultos en Colombia enfrentan restricciones para acceder al crédito formal debido a historiales negativos. Esta situación cobra especial relevancia en el actual contexto económico, caracterizado por un crecimiento proyectado del 2,5 % para 2025, una inflación superior al 5 % y una tasa de interés del Banco de la República de 9,25 %, factores que encarecen el acceso al crédito.
A ello se suma que los intereses efectivos anuales para créditos de consumo se ubican alrededor del 25 %, mientras que los préstamos productivos superan el 50 % EA. En este panorama, muchas familias recurren a alternativas informales de financiamiento, como el denominado “gota a gota”, práctica que, según la Defensoría del Pueblo, afecta aproximadamente al 30 % de los hogares de menores ingresos.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
