Por: CENET

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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 9, 2026 - 6:22 am
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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha presentado para consulta pública un borrador de resolución que busca implementar un aumento transitorio en las tarifas de energía eléctrica para usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta medida tiene como propósito fundamental recaudar recursos que permitan cubrir parte de la deuda acumulada por empresas del sector eléctrico bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), como es el caso de Air-e, prestadora del servicio en la región Caribe. Según estimaciones del sector citadas en el documento, el incremento mensual en la factura sería cercano a $1.200 para usuarios residenciales y podría alcanzar hasta $40 millones para grandes consumidores, dependiendo del consumo. Este recaudo busca cubrir una deuda aproximada de $2,5 billones que Air-e mantiene con otros agentes del mercado eléctrico.

La situación financiera de las empresas intervenidas como Air-e es considerada por el Ministerio como extraordinaria y representa un riesgo para la estabilidad del sector eléctrico en todo el país. Respaldándose en análisis realizados por XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, y en estudios internos del propio Ministerio, la resolución pretende evitar afectaciones en la prestación del servicio público de energía, las cuales podrían derivar de riesgos financieros altos y su impacto sobre la operación de generadores y transmisores eléctricos. Si bien la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) será la encargada de diseñar un esquema definitivo de confiabilidad para mitigar este riesgo sistémico, el borrador de resolución indica que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), gestionado por XM, recaudaría transitoriamente $8 por kilovatio-hora consumido. Este monto extra se añadiría temporalmente al componente de restricciones de la tarifa y se distribuiría, según las obligaciones pendientes, entre los acreedores del mercado.

El Ministerio ha explicado que la deuda a cubrir se origina en las obligaciones liquidadas por el ASIC y el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), ocurridas después de la intervención a Air-e en septiembre de 2024. El esquema planteado permitiría pagar hasta el 50% de las obligaciones acumuladas de estas empresas intervenidas. El peso de Air-e en el mercado eléctrico —11,4% de la demanda nacional según datos de XM— acentúa la preocupación por el posible contagio financiero a otros actores del mercado, considerando la compleja interdependencia comercial del Mercado de Energía Mayorista (MEM).

El análisis de XM sobre eventuales escenarios de precios indica que, con un valor de bolsa de $309 por kilovatio-hora (promedio de contratos regulados), unos 15 comercializadores, responsables de más del 23% de la demanda nacional, se verían afectados financieramente. El estudio además revela que nueve de diecisiete plantas térmicas analizadas podrían experimentar pérdidas, lo que representaría un riesgo sobre el 38% de la energía firme mensual del parque térmico.

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Asimismo, el borrador incluye recomendaciones a la CREG para reglamentar aportes de energía firme desde fuentes renovables, en especial solares y eólicas, para fortalecer la confiabilidad del sistema en épocas de escasez hídrica.

El Ministerio ha recalcado que la medida tarifaria tiene carácter temporal y su fin último es salvaguardar la continuidad del servicio ante los riesgos financieros surgidos por cuentas liquidadas tras la intervención de Air-e. Contrario a este anuncio, Air-e Intervenida informó que inició 2026 sin variaciones tarifarias en Atlántico, Magdalena y La Guajira: la tarifa mensual del kilovatio-hora se mantiene en $796, por debajo del promedio nacional de diciembre de $876, resultado atribuido a estrategias de negocio y prioridad en energía renovable.

La propuesta ha suscitado críticas, especialmente por parte del exministro Amylkar Acosta, quien cuestiona su legalidad y sostiene que crear una sobretasa específica es competencia del Congreso de la República, no del Ministerio. Según Acosta, esta vía podría trasladar los costos de la crisis financiera de Air-e a todos los usuarios del país y denunció que el rol de la SSPD, según la ley, es sanear la empresa intervenida, no cargar la deuda a los usuarios. Además, prevé que la resolución podría ser demandada y suspendida por el Consejo de Estado.

El proyecto de resolución seguirá abierto a comentarios de la ciudadanía, en medio de un debate nacional sobre la legitimidad, necesidad y efectos de este mecanismo para sostener el sector eléctrico colombiano.

¿Qué es el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y cuál es su relevancia en esta medida?
El Mercado de Energía Mayorista (MEM) es el espacio regulado donde se realizan las transacciones de compra y venta de energía eléctrica al por mayor en Colombia. En este mercado participan generadores, comercializadores y transmisores, estando su operación sujeta a normativas y reglas que buscan garantizar tanto la eficiencia del sistema como la seguridad en el suministro. La relevancia del MEM en la resolución propuesta radica en que la deuda de Air-e y otras empresas intervenidas afecta a varios participantes, pudiendo causar efectos en cadena debido a la interconexión comercial y financiera entre ellos.

Comprender el funcionamiento del MEM resulta esencial, pues cualquier alteración significativa en sus mecanismos de pago y recaudo, como la planteada en el borrador de resolución, podría desestabilizar todo el sector eléctrico. Por ello, la intervención regulatoria busca prevenir que el incumplimiento de un actor relevante, como Air-e, tenga repercusiones en la confiabilidad del abastecimiento y la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico colombiano.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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