El debate sobre el costo de la movilidad en las carreteras nacionales recobra vigencia. Mientras la administración actual somete a revisión los contratos de concesión más antiguos, ya se ha establecido el cronograma y el porcentaje del ajuste que experimentarán los peajes en todo el territorio nacional a partir de enero.
A diferencia de otros incrementos ligados a obras específicas, el alza de 2026 responde estrictamente a la actualización anual por costo de vida. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ratificó que el cálculo se ceñirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo ordena el marco legal vigente.
De acuerdo con las cifras más recientes del Dane, el IPC registró una variación anual del 5,30 % a noviembre de 2025. Este porcentaje será el punto de partida para actualizar los valores en las casetas de cobro de todo el país. Según la funcionaria, este ajuste “corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”.
El Ministerio de Transporte confirmó que el ajuste tarifario comenzará a regir desde el 16 de enero de 2026. Aunque el Gobierno ha implementado estrategias para mitigar el impacto económico en los bolsillos de los conductores, la ministra aclaró que el cumplimiento de la norma es imperativo.
Entre las medidas de alivio que se han venido aplicando en corredores específicos destacan:
- Implementación de tarifas diferenciales para usuarios frecuentes o residentes.
- Aplazamientos temporales del incremento en peajes críticos.
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Aumentos escalonados para evitar un choque inflacionario inmediato.
Los peajes con los costos más elevados
Tras la aplicación de los nuevos valores, el escalafón de los peajes más costosos del país continúa liderado por corredores estratégicos. Con la actualización del IPC, estas son las estaciones que mantienen los precios más altos:
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Pipiral (vía Bogotá – Villavicencio): $ 26.400
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Túnel del Oriente (Antioquia): $ 25.000
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Cisneros: $ 24.600
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Aburrá: $ 24.107
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Guaico (San Cristóbal): $ 23.800
El sistema de concesiones bajo la lupa
Más allá del aumento tarifario, el Gobierno ha iniciado un análisis profundo sobre la viabilidad del modelo de concesiones en tramos donde las obras de infraestructura ya han culminado. La ministra Rojas subrayó que el esquema tiene sentido cuando hay grandes construcciones pendientes, pero sugirió que el Estado podría asumir directamente la administración y operación en casos donde solo se requiere mantenimiento.
A esta visión se suma la presión legislativa. El senador Guido Echeverri (ASI) lidera un proyecto de ley que busca reformar el sistema nacional de peajes. Su propuesta apunta a una mayor transparencia, exigiendo que los ciudadanos conozcan con exactitud el destino de los recursos recaudados en cada estación.
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