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El reciente decreto de emergencia económica adoptado por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado intensos debates en torno a su contenido, específicamente respecto a la intención de reactivar los impuestos al cigarrillo. BAT Colombia, filial de British American Tobacco y una de las dos compañías legales que operan en el país, ha levantado una voz de alerta sobre el enfoque técnico de esta medida, al considerar que podría perjudicar tanto a las empresas formales como al propio Estado en términos fiscales. Según informó Blu Radio, Juan Carlos Restrepo, director de asuntos externos de BAT Colombia, cuestionó la justificación de la iniciativa del Ministerio de Hacienda, que bajo la declaratoria de emergencia económica busca aumentar los ingresos nacionales a través de este tributo.
Restrepo señaló que, a diferencia de otros impuestos, la recaudación del gravamen al cigarrillo se distribuye entre departamentos y municipios, no a las arcas de la Nación. Por tanto, advierte que la medida carece de fundamento técnico, especialmente considerando que el principal objetivo de la emergencia económica es obtener recursos para el Gobierno nacional. BAT Colombia considera que un aumento de los impuestos al cigarrillo agravaría el problema de contrabando, que ya representa más del 36% del consumo nacional y supera el 90% en regiones fronterizas como La Guajira, según los datos de la empresa.
La preocupación fiscal expresada por BAT radica en que el crecimiento del contrabando podría disminuir la recaudación de impuestos legalmente establecidos, comprometiendo las finanzas de los departamentos en un contexto económico delicado. Justamente, el impuesto al consumo de cigarrillo generó más de un billón de pesos en 2024, recursos vitales que representan cerca del 13,1% de los ingresos tributarios de los gobiernos departamentales. Sumados a los ingresos provenientes de licores y cervezas, estos porcentajes pueden alcanzar hasta un 43% del presupuesto propio en algunos departamentos.
BAT sostiene que mecanismos de tributación considerados desproporcionados no erradican el consumo, sino que incentivan el desplazamiento hacia el mercado ilegal, donde no existen controles sanitarios ni fiscales, aumentando riesgos para la salud pública e impactando la estabilidad financiera de los gobiernos locales.
Por ello, la industria legal solicita la apertura de un diálogo técnico, transparente y participativo que permita concertar una reforma fiscal gradual y sostenible, acompañada de una política eficaz contra el contrabando. Restrepo enfatizó que el sector formal cumple con normativas estrictas, prohíbe la promoción y garantiza tanto la trazabilidad como el control sanitario de sus productos, requisitos ausentes en los canales ilegales. Además, recordó que el decreto enfrenta varias impugnaciones legales y que será la Corte Constitucional quien defina su futuro, tras demandas presentadas por figuras políticas como Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia.
¿Por qué el contrabando de cigarrillos representa una amenaza a las finanzas locales?
La pregunta surge porque, según lo advertido por BAT Colombia, el contrabando de cigarrillos ya representa más de un tercio del consumo nacional, y en departamentos fronterizos como La Guajira la cifra supera el noventa por ciento. Este fenómeno erosiona el recaudo efectivo de los impuestos dirigidos a departamentos y municipios, afectando sectores clave como la salud y la educación.
La relevancia de esta amenaza radica en que los ingresos derivados del impuesto al consumo de cigarrillos constituyen una porción significativa de los recursos de las entidades territoriales. Si la política fiscal fomenta un aumento del contrabando, el Estado no sólo pierde control regulatorio, sino que también compromete las inversiones y servicios para la población, situación especialmente grave en un periodo de restricciones presupuestarias.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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