La Corte Constitucional emitió una decisión histórica que cambia por completo el panorama para miles de colombianos víctimas de fraudes digitales y suplantaciones en compras hechas con tarjetas de crédito.
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Gracias a lo establecido en la Ley Estatutaria 190 de 2022 Cámara – 303 de 2023 Senado, los bancos ahora deberán detener el cobro de cuotas asociadas a estas transacciones delictivas mientras se adelanta un proceso especial de verificación, detalla Red Más.
Hasta antes de esta decisión, quienes sufrían este tipo de delitos estaban obligados a pagar las cuotas de compras que nunca hicieron y, si no podían hacerlo, terminaban reportados en centrales de riesgo, lo que afectaba su vida crediticia por años. Con la nueva normativa, la Corte da un respiro a estas personas y establece un camino más justo para quienes fueron víctimas sin tener responsabilidad alguna.

La nueva regla obliga a las entidades financieras a activar un protocolo especial en cuanto un cliente denuncie suplantación o fraude digital. Según el citado medio, desde ese momento:
- El cobro de las cuotas debe suspenderse temporalmente.
- El banco tiene 10 días para responder formalmente a la denuncia.
- La víctima no podrá ser reportada en centrales de riesgo por dejar de pagar las cuotas relacionadas con el fraude. Esto quedó ratificado en la sentencia C-413/25, emitida en octubre de 2025.
- La ley también establece que las personas afectadas deben ser amparadas siempre que puedan demostrar que se trató de un delito, como compras sin autorización realizadas mediante suplantación.
Según la norma, cuando una persona denuncie el fraude, el banco deberá entregar copia de la información o documentos utilizados para aprobar el producto o servicio que supuestamente pidió la víctima. Esto permitirá identificar inconsistencias y facilitar la investigación.
A su vez, la persona afectada deberá entregar pruebas sumarias, es decir, documentos o evidencias iniciales que demuestren la existencia del delito
La decisión de la Corte fortalece la protección al consumidor financiero y se adapta a la realidad actual, donde los delitos digitales crecen a un ritmo acelerado. Ahora, la carga no recae injustamente sobre las víctimas, sino sobre los bancos, que deberán demostrar que la compra sí fue autorizada.
Para muchos colombianos, esta medida marcará un antes y un después en la defensa de sus derechos y en la forma en que el sistema financiero responde ante la delincuencia digital.
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