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Tras la demanda interpuesta por el municipio de Purificación a Bancolombia, a raíz del hurto de más de casi $ 11.000 millones a las cuentas bancarias de la administración el 24 y 27 de diciembre de 2021, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera resolvió condenar a la entidad bancaria a pagar a Purificación $6.592.432.298.
Para ello, brindó un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la providencia, la cual se notificó ayer. A su vez, Bancolombia, declarada contractual y parcialmente responsable de los perjuicios sufridos por el municipio producto de las transacciones, debe responder por una multa equivalente a 150 SMLMV.
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Al respecto, el mandatario Christian Andrés Barragán Correcha, aseguró a EL NUEVO DÍA que si bien es positiva la noticia, no se encuentra del todo satisfecho, por lo que de la mano del equipo jurídico anunció que apelará la decisión.
“Creemos que podemos inclusive recuperar hasta el 100% en una segunda instancia”, comentó el burgomaestre, quien también señaló que la Superfinanciera no aceptó todas las pretensiones del Municipio.
En su concepto, las “fallas en el sistema de Bancolombia”, dan pie para buscar, con la apelación, el pago de un monto mayor. Así pues, planteó que aspira a reunirse con su equipo para presentar en alrededor de ocho días tal recurso.
Además de mencionar que la entidad bancaria también tiene la posibilidad de apelar, explicó que recurrieron a la Superfinanciera con el ánimo de obtener respuestas en el menor tiempo posible.
Y es que la demanda que originó este proceso, según indicó, se instauró hace cerca de un año. Asimismo, aprovechó para requerir celeridad a la Fiscalía y dar con la captura de los autores del hecho que en su momento fue declarado de impacto nacional por la Contraloría General de la República.
“Como alcalde quería clarificar la situación, no es fácil los señalamientos que hemos recibido por los contradictores políticos”, dijo Barragán Correcha, quien hizo énfasis en que confía en las instituciones.
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¿Un proceso que puede tomar más tiempo?
Por su parte, el concejal Miguel Rivera, quien ha venido haciendo seguimiento a la situación que golpeó las cuentas Corrientes y de Ahorro de la Administración municipal, destacó que se abre un camino para lograr recuperar algunos recursos.
Sin embargo, es consciente que Bancolombia también puede apelar, por lo que a su modo de ver, “puede ser un litigio que apenas comienza y se va a alargar, la expectativa es que los recursos lleguen sumado a conocer los culpables del hurto”.
De la misma manera, precisó que la situación, conforme reseñó la Superintendencia Financiera, es compartida, “en el fallo hay partes donde hablan de responsabilidad compartida”.
En ese orden de ideas, espera resultados por parte de órganos como la Procuraduría General de la Nación, que formuló cargos al alcalde y tesorero municipal, por presuntamente haber incurrido en una falta gravísima, en torno al ‘robo navideño’.
¿Qué encontró la Superfinanciera?
La sentencia emitida por la Delegatura comprende, entre otros temas, los antecedentes del caso, es decir, las pretensiones de la demanda, las excepciones formuladas por Bancolombia, y las consideraciones.
Es así como gran parte de las 33 páginas están destinadas a la revisión de lo acaecido, ejercicio en el que de acuerdo con el Despacho encontró que se presentaron graves incumplimientos de parte y parte en la controversia contractual en cuestión.
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“Por un lado los funcionarios del municipio demandante vieron comprometido su deber de custodia de los elementos transaccionales o de seguridad asignados por el banco, pues como se reseñó no sólo guardaban los dos tokens en un mismo lugar, lo que ponía en riesgo la segregación de funciones e independencia de roles que determina se debía presentar en el manejo de las cuentas bancarias de entes territoriales, sino que además se guardaba por lo menos una de las claves en una libreta en el mismo sitio”, reza en el oficio.
Cabe mencionar que a través de un informe fiscal, la Contraloría del Tolima había reseñado que el manejo de la banca virtual estaba bajo la responsabilidad del Tesorero como usuario ‘Preparador’ y del Alcalde como ‘Autorizador’. Los token, por su parte, permanecían bajo custodia en la caja fuerte de la Tesorería Municipal.
Aunado a ello, la sentencia indica que tanto el Alcalde como el Tesorero “no revisaron las decenas de correos electrónicos remitidos a sus cuentas de correo oficial por el banco, donde les advertían la realización de las operaciones”.
En el caso de la entidad bancaria, la Superfinanciera enlistó lo que consideró incumplimientos contractuales. Entre ellos afloran las operaciones inusuales que habrían tenido lugar el 25 de diciembre de 2021 y operaciones que excedieron el hábito o costumbre transaccional.
Asimismo, se trajo a colación la “realización de operaciones con cargo a cuentas marcadas que manejaban recursos del Sistema General de Participaciones, que representaron casi el 40% del fraude”.
A esto se suma las 113 transacciones fallidas o rechazadas que se presentaron el 24 y diciembre de 2021, asunto que, en concepto del Despacho, tenía el mérito para alertar al banco.
Así las cosas, la Delegatura concluyó que “los incumplimientos de ambas partes tuvieron igual participación para la materialización del daño patrimonial, por lo que la pérdida deberá ser distribuida entre ambos”.
En ese sentido, se señala que una vez recuperados $137.535.255,39, el detrimento sufrido por el Municipio fue de $10.849.588.334, “debiendo cada parte asumir el 50% de dicho detrimento, eso es la suma de $5.424.794.167”.
Ahora bien, a ese valor, para Bancolombia, se le sumó la indexación correspondiente a $1.167.638.131, lo que configura un valor total de condena de $6.592.432.298.
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