A cinco meses del infortunio que vivió Purificación por cuenta de la pérdida de casi 11 mil millones de pesos, la Procuraduría decidió abrir investigación contra el alcalde del municipio, Cristhian Barragán Correcha, y el Tesorero Municipal, Isaías González.

La Unidad de Investigaciones Especiales del ente de control, emitió un comunicado en respuesta a un oficio enviado por la Personería de Purificación, donde ratificaron la apertura del proceso contra los servidores públicos desde el pasado 6 de mayo.

Frente a la disposición, Barragán aseguró que “la Procuraduría abre la investigación para determinar qué tipo de responsabilidad tenemos los servidores públicos en este asunto. Debemos salir adelante, lo tomamos con tranquilidad y tenemos claro que estamos haciendo bien las cosas. Nosotros dimos a conocer estos hechos ante los entes de control”.

Y agregó que: “Estamos prestos a colaborar con la justicia, defendiendo los derechos del municipio. Somos víctimas de una banda delincuencial. Esperamos que la Fiscalía en los próximos meses nos tenga resultados y poder esclarecer toda esta situación”.

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A raíz de la controversia, varios purificenses se mostraron inconformes por las disposiciones que ha tenido hasta el momento el mandatario frente a la desaparición de los dineros el pasado diciembre.

Henry Villarraga, promotor del Comité de Revocatoria contra el mandatario, indicó que cuando una investigación disciplinaria se abre, quiere decir que aquellas personas que están vinculadas son presuntamente responsables en alguna arista jurídica.

“Después de cinco meses, el primer ente de control se pronuncia, de una manera categórica y vinculando a los dos servidores públicos. Presumo yo que están involucrando a los servidores porque ellos están actuando desde una posición de garante, porque deben tener el cuidado de custodiar y guardar adecuadamente los recursos del municipio”, argumentó Villarraga.

Miguel Rivera, concejal del municipio, mencionó que la medida es importante porque abre un espacio que, desde la oposición, han estado esperando. “Reclamamos por una omisión por parte de la Administración en la preservación de estos recursos. El tema de la revocatoria es la suma de mucha presión que tiene el municipio el alcalde”, aseguró.

Entre los días 24 al 27 de diciembre del 2021, de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Purificación se robaron cerca de $ 11 mil millones. Se especuló que para ejecutar el robo virtual, los delincuentes accedieron a las claves y tokens de seguridad que se encontraban en una caja fuerte, días previos a hacerse las transacciones.

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Tras las conjeturas de la ciudadanía, el alcalde se pronunció por medio de su cuenta de Facebook y explicó que fueron víctimas de fraude y hurto, “el martes (28 de diciembre) cerca a las 8 p. m. fuimos informados de lo ocurrido, cuando el tesorero se percató de que habían transferencias, que no eran propias de la Administración. Inmediatamente le informamos a la Policía Nacional, la Fiscalía y la Sijín, quienes de inmediato tomaron acciones”.

El burgomaestre expresó que los tokens y claves estaban custodiados en una caja fuerte, lugar del cual fueron extraídos, “se pudo evidenciar que habían transferencias y movimientos, los cuales venían haciendo desde el mismo día 24 y el lunes 27”. Al reportar el hecho al banco, éste procedió a bloquear las cuentas origen y las de destino.

Por último, Barragán aseguró que: “Pusimos nuestra confianza en esta entidad (Bancolombia), y más aún cuando hay una gran cantidad de intentos fallidos para poder hacer las transacciones y el banco no dice absolutamente nada. Hay una presunta responsabilidad de la entidad bancaria”.

El Comité Prorevocatoria Alcaldía de Purificación 2022 estima que, para llevar a cabo el proceso, deben juntar alrededor de 2554 firmas efectivas para surtir el trámite de elección. Y, en el proceso de elección, se necesitan alrededor de 4250 firmas.

Al respecto, Barragán opinó que: “Son oportunismos políticos porque hay intereses personales y económicos. Es un proceso, no puedo decir como ciudadano quién es culpable y quién no, para eso están las entidades de control. Porque dos personas estén empezando un proceso de revocatoria, no quiere decir que uno esté haciendo mal las cosas. Están aprovechando el tema para ver cómo sacan réditos políticos de esta situación”.

A pesar de que en enero la Fiscalía como ente investigador estimó que entre dos o tres meses con informes periciales podría identificar a las personas que participaron en el hurto, a la fecha no se conoce más información, pero sí se evidencia un completo silencio.

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A través de un derecho de petición enviado por un habitante del municipio a la Fiscalía para conocer el avance del proceso investigado, el fiscal Segundo Especializado, Ariel Alape Bernate, le respondió que a la fecha la información resulta reservada pero la misma ha sido objeto de auditoría por parte de la Procuraduría General de la Nación que desde su competencia adelanta lo pertinente.

Teniendo presente la información recopilada y la entrevista con el concejal Rivera, del dinero robado, $ 3.700 millones de los casi $11 mil millones los había desembolsado Bancolombia de un empréstito para comprar maquinaria. Así las cosas, el valor debe pagarse al contratista porque ya se había firmado contrato, además de devolverle al banco el dinero.

“A ese hurto entonces hay que sumarle $ 7 mil 400 millones por los cuales el Municipio tendrá que responder. También, se llevaron la plata de un contrato firmado por $ 4 mil millones para construir el centro administrativo municipal que hacía parte de un fondo del Fonpet y el contratista va a solicitar ese dinero, entonces esos $11 mil millones se van a convertir en $ 22 mil millones”, acotó Rivera.

Y agregó, “el alcalde lo que dice es que esto va para adelante, que aquí no pasa nada, pero independientemente de las regalías que lleguen por ser un municipio petrolero el hueco fiscal está y ahí estará el problema”.

Hasta el momento, la investigación abierta por la Procuraduría es la primera acción concreta por parte de los entes de control.

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Desde el suceso, pocas acciones se han adelantado desde el Concejo Municipal de Purificación para hacer control político al desfalco millonario. Rivera contó que el 5 de enero, el alcalde asistió al Concejo para rendir las primeras explicaciones del suceso.

“Habíamos solicitado una sesión reservada y donde nos pudiera explicar la situación. Cuando estuvimos en el recinto, el presidente del Concejo pide que la sesión no sea grabada por el mismo tema de ser reservada”, acotó.

Y agregó que: “Cuando se solicitó ante plenaria que asistiera la Procuraduría o un delegado de la Fiscalía, los concejales de las mayorías niegan estas proposiciones y se basan en un documento del alcalde que dice que eso lo está manejando la Fiscalía y que todo está bajo reserva”.

Villarraga expresó al respecto que: “El Concejo Municipal no ha hecho ninguna investigación. Son cuatro concejales los que están dentro de esa posición crítica de cuestionar el suceso y de hacer algún tipo de juicio político, pero allá ni siquiera se les respeta los derechos a la oposición porque no hay una normatividad que les permita los controles políticos que correspondan”.