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La asamblea ordinaria anual de accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) se desarrolló en medio de una significativa ausencia: la de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y miembro de la junta directiva de la compañía. Su inasistencia fue justificada por “compromisos de agenda”, según lo anunciado formalmente por la mesa directiva durante el inicio de la reunión, lo que generó interrogantes entre los asistentes. La presidencia de la asamblea estuvo a cargo de Juan Pablo Zárate Perdomo, quien, acompañado por el resto de los directivos, incluyó a Gabriel Jaime Melguizo Posada, presidente encargado de ISA, y representantes como Lucía Cristina Díaz Armenta, Fabiola Leal Castro, Luis Ferney Moreno Castillo, Camilo Zea Gómez, Germán Arce Zapata y Juan Emilio Posada. También se excusó la ausencia del directivo David Alfredo Riaño Alarcón.
Durante la jornada, Juan Pablo Zárate presentó los resultados financieros de la compañía, además de abordar en detalle las circunstancias que rodearon la reciente salida de Jorge Carrillo de la presidencia de ISA, un tema que suscitó amplias discusiones entre los accionistas, muchos de los cuales demandaban explicaciones. Cabe subrayar que Ecopetrol adquirió en agosto de 2021 una participación mayoritaria del 51,4% en ISA, lo que significó la compra de 569.472.561 acciones y la consolidación de la petrolera como el principal accionista tras adquirir la participación al Ministerio de Hacienda.
Uno de los momentos más tensos de la asamblea surgió con la intervención de Julio César Yepes, accionista minoritario, quien expresó dudas sobre eventuales acercamientos para reactivar la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela. Yepes recordó que, según información pública del 30 de octubre de 2025, ISA afirmó que no existían acuerdos en esa dirección y que cualquier decisión al respecto se tomaría dentro del marco legal vigente. No obstante, a partir de su derecho de inspección, el accionista planteó que la junta directiva habría debatido en varias ocasiones sobre el tema e, incluso, que Jorge Carrillo habría sostenido conversaciones con empresas vinculadas a iniciativas para la conexión, señalando la subestación San Mateo como un punto neurálgico.
Yepes advirtió sobre los riesgos regulatorios, particularmente por la inclusión de Venezuela en listas internacionales de control como la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y preguntó directamente si la junta había tomado acciones preventivas para evitar problemas legales. La inquietud también incluyó cuestionamientos específicos hacia Ricardo Roa, no solamente por su ausencia en la asamblea sino por su historial de participación en este tipo de espacios, afirmando que, a pesar de recibir honorarios durante el último año, Roa no ha asistido y enfrenta imputaciones de la Fiscalía por delitos graves, lo que, en palabras de Yepes, revela fragilidades en las normas de transparencia y responsabilidad con los accionistas.
La ausencia de Roa se da en un contexto de alta tensión dentro de Ecopetrol. La junta directiva decidió recientemente mantenerlo como presidente, decisión adoptada tras evaluar una presión significativa proveniente de sindicatos –como la Unión Sindical Obrera (USO), que llegó a advertir movilizaciones–, accionistas y diferentes sectores políticos. La controversia escaló al Congreso, donde más de veinte representantes pidieron su salida inmediata, argumentando deterioro financiero de la compañía, evidenciado por una caída del 73% en utilidades entre 2022 y 2025, y el riesgo de impactos reputacionales negativos sobre la calificación crediticia internacional.
Pese a estos cuestionamientos, la junta de Ecopetrol —con apoyo de asesores externos— concluyó que no se evidenciaban incumplimientos contractuales o regulatorios por parte de Roa. Así, la ausencia del presidente de Ecopetrol en la asamblea de ISA pone en perspectiva un debate más profundo sobre la solidez del gobierno corporativo de las principales empresas del país, mientras los accionistas manifiestan la necesidad de fortalecer estándares de transparencia y rendición de cuentas ante el escrutinio creciente de la opinión pública y los organismos de control.
¿Qué es OFAC y por qué puede afectar a empresas con negocios en Venezuela?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada a la aplicación y control de sanciones económicas y comerciales. La inclusión de un país en las listas de control de la OFAC puede afectar directamente las relaciones y transacciones de empresas en otras jurisdicciones, debido a los riesgos de sanciones y restricciones financieras internacionales.
En el caso de ISA y la posible reactivación de la interconexión eléctrica con Venezuela, los acercamientos o conversaciones con entidades de ese país implican un riesgo adicional: la posibilidad de penalizaciones, bloqueos financieros o restricciones que puedan afectar la operatividad y reputación de la compañía, como lo advirtió el accionista minoritario durante la asamblea. Por ello, el gobierno corporativo y el cumplimiento regulatorio se vuelven aspectos cruciales en la toma de decisiones empresariales en contextos de alta sensibilidad política y económica.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela
El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.
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