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Este artículo fue curado por pulzo   Sep 22, 2026 - 11:22 am
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La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, presentó ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026. Esta resolución establece el nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo en Colombia y, según Andesco, contiene elementos que requieren una revisión exhaustiva antes de avanzar en su aplicación. El gremio estructuró su petición en torno a cuatro puntos principales: diferencias detectadas entre los contenidos sometidos a participación ciudadana y el texto final de la resolución; la inclusión de normas que no habrían sido discutidas con todos los actores del sector; posibles efectos retroactivos en el cálculo de actividades de organizaciones de recicladores y otros usuarios, y la necesidad de ajustar la regulación a los lineamientos de la Ley 142 de 1994.

Uno de los ejes de la petición radica en el proceso de participación ciudadana previo a la expedición de la resolución. Para Andesco, no basta con cumplir formalmente etapas de publicación y socialización, sino que debe privilegiarse la anticipación, el análisis profundo de los efectos y la incorporación de observaciones directas de los actores involucrados. La asociación subraya que existen diferencias marcadas entre los documentos puestos a consulta y los que aparecen finalmente en la resolución adoptada, destacando que más del 50 % de las disposiciones serían nuevas incorporaciones no discutidas previamente.

El gremio hace énfasis en la importancia de la trazabilidad, es decir, la capacidad para identificar cómo fueron evaluados los argumentos técnicos, jurídicos, económicos y operativos presentados durante el proceso. Andesco insiste en que las reglas tarifarias deben ser comprensibles, simples y transparentes, tanto para las empresas prestadoras como para las autoridades y los usuarios.

Otro aspecto crucial es el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 142 de 1994: eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. De acuerdo con Andesco, la metodología debe asegurar que se reconozcan los costos reales y se garantice la sostenibilidad financiera de las empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones y realizar las inversiones necesarias. Además, el gremio manifestó su preocupación por el impacto que disposiciones retroactivas puedan tener sobre situaciones ya consolidadas, resaltando la importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad para garantizar la prestación continua y de calidad del servicio de aseo.

Finalmente, la solicitud de Andesco abarca la revisión del cálculo para la actividad de aprovechamiento de organizaciones de recicladores, pues considera que algunos usuarios no se encuentran dentro del alcance tarifario planteado por la nueva regulación. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que la asociación busca un diálogo transparente, advirtiendo que "lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad empresarial y la continuidad del servicio para 36 millones de usuarios". Andesco reitera su interés en que la regulación final cuente con reglas claras, discutidas y acordes a la legislación vigente.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de Andesco frente a la Resolución CRA 1040 de 2026?

Andesco centra sus preocupaciones en la transparencia del proceso de participación ciudadana, la inclusión de normas no discutidas previamente, el posible impacto retroactivo en organizaciones de recicladores y usuarios fuera del marco tarifario, y el ajuste de la resolución a los criterios de eficiencia, transparencia y suficiencia financiera exigidos por la Ley 142 de 1994.

¿Por qué Andesco solicita revisar el alcance del proceso de participación ciudadana en la regulación tarifaria?

La asociación considera que la participación ciudadana debe ir más allá del cumplimiento formal, permitiendo que los actores conozcan, discutan y presenten observaciones de fondo sobre las medidas propuestas. Andesco advierte diferencias entre lo consultado y lo aprobado, y sostiene que el proceso debe ser transparente y reflejar claramente cómo se consideraron los diversos aportes técnicos y jurídicos antes de tomar la decisión final.

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