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Escrito por:  Sebastian Alfonso
Redactor     Ago 14, 2024 - 7:29 am

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro confirmó que su Gobierno impulsará un plan de inversión forzosa, el cual pretende que el sector financiero invierta obligatoriamente en la economía popular. La idea es que el Estado disponga de parte de los recursos que guardan los bancos.

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El mandatario anunció que llevará el proyecto de inversión forzosa al Congreso de la República. Sin rodeos, explicó que desea manejar un porcentaje del ahorro que tienen las personas en los bancos para ofrecer créditos a actividades de producción con tasas de interés más bajas.

Por la naturaleza de la idea, que se mete directamente con la plata que los ciudadanos han guardado en sus bancos, el presidente ha recibido críticas de expertos en economía, exmandatarios y más. Por su parte, los bancos anunciaron la presentación de una propuesta denominada el ‘Gran pacto por el crédito’. Sin embargo, Petro no ha dado muestras de retroceder.

José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos (Anif), se sumó al coro de cuestionamientos contra las inversiones forzosas. En un hilo de X, el experto explicó por qué considera que esta idea puede ser perjudicial.

“Son muchas las razones y las experiencias, tanto en Colombia como en otros países, que muestran con amplia evidencia que las inversiones forzosas terminan haciendo más mal que bien”, inició comentando sobre el efecto que ha tenido esta idea.

Según López, en el desarrollo de la Ley quinta de 1973, con base en regulación anterior de 1957 y 1959, las inversiones forzosas fueron ganando participación hasta alcanzar casi un cuarto de los depósitos del sistema, “dicha experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento”. Y advirtió que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. 

¿A quiénes afectan las inversiones forzosas?

De acuerdo con López, impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que piden créditos, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los bancos asignen sus préstamos.

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Por estas razones, asegura el presidente de Anif, desde la década de los 90 se eliminaron gradualmente las inversiones forzosas, con la excepción del sector agropecuario, donde todavía aplican a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), emitidos por Finagro. 

“Con inversiones forzosas pierden los empresarios, que tendrían menos recursos para demandar crédito y por tanto tendrían que pagar mayores tasas de interés. Pierden también los ahorradores porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos”, aseveró López.

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