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La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una megaoperación dirigida contra la cadena de ropa interior femenina Lili Pink, bajo acusaciones que vinculan a la marca con una red transnacional de ilegalidad. Las autoridades investigan la compañía por lavado de activos y contrabando.
(Vea también: Revelan cómo descubrieron presuntas irregularidades en Lili Pink; investigación lleva años)
La investigación, liderada por la Delegada contra las Finanzas Criminales, sostiene que la estructura de la empresa servía como una fachada para encubrir actividades delictivas de gran calado. Según la Fiscalía, el mecanismo utilizado para estas operaciones era complejo y estaba diseñado para evadir los radares de las autoridades aduaneras y financieras.
El ente acusador explicó detalladamente el esquema: “La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
Estas maniobras, al parecer, buscanban dacilitar el contrabando y dificultar la trazabilidad del dinero mediante la simulación de relaciones comerciales y la fragmentación de transacciones.
¿Cuánto dinero habría lavado de activos en Lili Pink, según Fiscalía?
Las cifras reveladas por las autoridades fiscales dan cuenta de la magnitud del presunto fraude. Durante años de seguimiento, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha logrado recopilar pruebas sobre movimientos de dinero que superan con creces las operaciones normales de cualquier cadena de retail.
En sus informes oficiales, la entidad señaló que “ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”. Además, la investigación sugiere que esta red no actuaba sola, pues presuntamente contaba con la colaboración de funcionarios de la propia DIAN para facilitar el ingreso de mercancía ilícita.
Para asegurar que estos recursos no sigan circulando, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre una cantidad masiva de activos vinculados a la marca. La operación se extendió por 25 departamentos y 59 ciudades y municipios donde la cadena tiene presencia, resultando en la afectación de “405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”.
¿Qué pasará con trabajadores de Lili Pink?
En medio de esta investigación, la mayor preocupación recae sobre el futuro de las miles de personas que dependen directamente de la operación de las tiendas.
Ante esto, la Fiscalía ha aclarado que la intervención no implica el cierre inmediato ni el despido masivo de su fuerza laboral. El ente acusador dijo que por ahora la prestación del servicio y el trabajo de sus empleados continuará de manera rutinaria.
Según la Superintendencia de Sociedades, Lili Pink aparece como la empresa número 528 entre las 10.000 más grandes del país, con utilidades a 2024 de 10.000 millones de pesos y una generación de 3.000 empleos directos solo en Colombia. Las autoridades han garantizado que las propiedades afectadas “continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”.
A medida que el proceso avance, se espera que la situación jurídica de los involucrados se resuelva bajo los preceptos de la presunción de inocencia, mientras los activos permanecen bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía buscará imputar cargos por delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de activos.
Por ahora, los 3.000 trabajadores directos y los miles de indirectos mantienen una relativa calma, confiando en que el cumplimiento del objeto social de la empresa les permita conservar su sustento mientras la justicia determina la responsabilidad final de sus directivos.
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