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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las autoridades capitalinas han dado un golpe significativo a las finanzas criminales del ‘Tren de Aragua’, una organización delictiva transnacional. El operativo fue liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, mediante la Comisión Especializada Contra las Finanzas Criminales (CEFIC1), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según información oficial, se aplicaron nueve medidas cautelares de extinción de dominio a bienes vinculados con esta estructura criminal, afectando de manera directa la infraestructura financiera de la organización.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló que la acción se focalizó sobre seis bienes inmuebles, entre los que se encuentran un hotel y varios establecimientos nocturnos en las localidades de Bosa y Kennedy. Estos predios, con un valor comercial aproximado de 8.100 millones de pesos, eran utilizados para actividades como la venta de estupefacientes, comercialización de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas y la planeación de extorsiones. Muchos de estos lugares operaban bajo la fachada de sindicatos, lo que dificultaba la labor de las autoridades encargadas de vigilancia y control.
La investigación llevada a cabo evidenció que la adquisición de dichos bienes se financió con recursos obtenidos mediante extorsiones, tráfico de drogas y otras rentas ilegales, prácticas que permitían a la organización lavar activos y expandir su accionar delictivo en la ciudad. Uno de los predios intervenidos, el Hotel Los Potrillos, fue identificado como lugar en el que durante 2023 se habrían cometido retenciones ilegales y actos de tortura a víctimas de extorsión. Este inmueble estaría relacionado con alias 'Mizon', cabecilla de la banda ‘Los Maracuchos’, considerada un vínculo directo con el ‘Tren de Aragua’.
El uso de bares y discotecas disfrazados de sindicatos para encubrir actividades ilícitas representa, según lo indicado por el alcalde Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo, un desafío adicional para la administración distrital y las autoridades. Galán resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación con el Ministerio del Trabajo para identificar estos lugares y determinar la responsabilidad de los sindicatos que encubren prácticas criminales. Por su parte, Restrepo subrayó la gravedad de que existan organizaciones con licencias sindicales que permitan actividades de alto impacto delictivo, solicitando a la Fiscalía avanzar en la judicialización de quienes amparan o encubren delitos bajo esta modalidad.
Dentro del mismo operativo judicial, fue capturado alias ‘Luis Maracucho’, identificado como cabecilla en la localidad de Chapinero tras la aprehensión de alias ‘Jhonatican’. Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, este individuo habría dirigido la venta de sustancias alucinógenas en el Parque Los Hippies y otros sectores, valiéndose de fachadas como servicios de mensajería en motocicleta para distribuir drogas. Además, estaría ligado a extorsiones y dos homicidios ocurridos recientemente en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio. Al momento de su captura, intentó evadir la justicia presentando documentación falsa, pero fue asegurado en centro carcelario bajo cargos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir con fines extorsivos.
La operación representa un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado en Bogotá, pues debilita las bases financieras con las que el ‘Tren de Aragua’ extorsionaba a comerciantes y amenazaba la seguridad ciudadana, aunque todavía persisten retos en la identificación y judicialización de quienes colaboran, voluntaria o involuntariamente, con estas estructuras bajo aparentes coberturas legales.
¿Cuál es el proceso y la importancia de la extinción de dominio en la lucha contra el crimen organizado? La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite a las autoridades tomar posesión de bienes que hayan sido adquiridos con dineros provenientes de actividades ilícitas, sin necesidad de una sentencia penal previa sobre los propietarios, siempre y cuando se pruebe la relación de los bienes con actividades ilegales. Este proceso es fundamental porque impacta las estructuras financieras de los grupos criminales, dificultando que utilicen bienes y recursos para expandir, mantener o encubrir sus operaciones delictivas. En el caso presentado, la aplicación de la extinción de dominio buscó romper los circuitos de lavado de activos y renta ilegal, limitando la capacidad operativa y de intimidación de organizaciones como el ‘Tren de Aragua’, y constituyendo así una herramienta clave para debilitar el crimen organizado desde sus cimientos económicos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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