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Una disputa entre la ‘influencer’ y abogada colombiana Laura Sánchez y la empresa Frisby España ha desatado un intenso debate sobre libertad de expresión, uso de marca y supuestos intentos de censura. Todo comenzó cuando Sánchez, conocida por su contenido pedagógico en redes sociales, publicó una serie de videos explicando cómo una empresa española estaría utilizando elementos distintivos de la reconocida cadena colombiana de pollo frito Frisby, sin contar con autorización oficial.
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@laamateurEste video refleja mi opinión personal sobre una disputa legal de interés público. Me amparo en mi derecho a la libertad de expresión, y no hago imputaciones de delitos ni afirmaciones falsas.♬ sonido original – Laura • laamateur
En sus videos, la abogada calificó a Frisby España como una “marca pirata”, una expresión que, según ella, resume su opinión sobre el uso no autorizado del nombre y otros atributos visuales e identitarios de la marca original. Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por la empresa española, que exigió una retractación y, tras no obtenerla, ha solicitado a Sánchez una indemnización de 30.000 euros para no iniciar acciones penales y civiles en su contra.
“El término ‘pirata’ puede haber sido usado de forma informal o irónica, pero puede inducir al público al error y tener consecuencias legales y reputacionales serias”, afirmó Frisby España en un mensaje compartido por la propia ‘influencer’ .
Sánchez, por su parte, sostiene que su afirmación es legítima y protegida por su derecho fundamental a la libertad de expresión.
“No es ilegal decir que una marca es pirata. Es mi opinión. Ni siquiera hay un juez que haya dicho que lo que están haciendo es legal o no. Ellos no me pueden obligar a decir qué es pirata y qué no”, aseguró Sánchez en uno de sus videos.
El conflicto escaló el pasado 4 de junio, cuando Sánchez reveló que la empresa le exigió el pago de 30.000 euros, bajo la amenaza de una futura demanda que podría alcanzar los 120.000 euros por supuestos daños a su reputación. También le pidieron eliminar sus videos y publicar una rectificación, exigencias que la creadora ha rechazado.
“No voy a ceder. No voy a borrar mis videos. Y voy a seguir ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Esto es un intento de censura e intimidación”, afirmó.
La situación ha dado un giro irónico luego de que Frisby España utilizara el término “pirata” en una de sus publicaciones promocionales: “¿Piratas? Solo si el tesoro es el sabor”, haciendo alusión directa a la polémica generada por la ‘influencer’ . Sánchez no dudó en señalar la contradicción: “¿No les he estado haciendo daño a su reputación? Entonces, ¿por qué lo usan ahora como marketing?”.
En medio de la controversia, Frisby España anunció un cambio en su identidad visual. En un comunicado, la empresa indicó que busca “modernizar la identidad de la marca para alinearse con las expectativas del consumidor europeo” y proyectar una imagen “claramente independiente”. Aunque el rediseño elimina el característico color amarillo de la marca colombiana, conserva tipografías y nombres similares, lo que sigue alimentando la controversia sobre si se trata de una marca derivada o una apropiación indebida.
“Un nuevo logo. La misma ambición. Frisby se moderniza para hablarle a toda Europa”, señala una de las recientes piezas gráficas difundidas por la empresa.
¿Y Frisby Colombia?
Hasta el momento, la cadena colombiana Frisby no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este enfrentamiento, aunque en redes sociales se multiplican los llamados para que defienda su marca y tome acciones legales frente al uso del nombre y elementos visuales por parte de la empresa española.
(Vea también: Sale a la luz la nueva imagen de Frisby España luego de escándalo: “Nombre no cambia”)
La situación pone sobre la mesa no solo los límites del uso de propiedad intelectual en contextos internacionales, sino también el poder —y los riesgos— de las voces digitales que se atreven a denunciar lo que consideran prácticas injustas.
Mientras la abogada colombiana insiste en que no se dejará intimidar, el caso se perfila como un precedente clave en el debate entre libertad de expresión y defensa de imagen corporativa.
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