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El proceso de licitación para elegir a los nuevos proveedores del servicio de “nube pública” en Colombia ha captado la atención nacional, especialmente al encontrarse en la fase final bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. La nube pública constituye el almacenamiento digital de información estratégica de las entidades estatales, por lo que este proceso involucra temas esenciales para la seguridad y el correcto funcionamiento del Estado. Colombia Compra Eficiente, la agencia encargada de estas contrataciones, fija el valor del contrato en $1,3 billones, una cifra que revela tanto la envergadura tecnológica como la sensibilidad institucional de este servicio.
En 2021, bajo la administración del entonces presidente Iván Duque, se consolidó la cuarta versión del Acuerdo Marco para la Nube Pública, donde resultaron adjudicatarias empresas estadounidenses como Amazon, Microsoft, Google y Oracle. Sin embargo, la finalización de este convenio en septiembre del año pasado obligó a buscar un nuevo acuerdo. Según información de El Espectador, la posibilidad de que compañías de origen chino, como Huawei y Alibaba, puedan competir en este nuevo proceso ha suscitado preocupación en distintos sectores políticos.
El senador Carlos Fernando Motoa, perteneciente al partido Cambio Radical, advirtió sobre varios riesgos asociados a la licitación, entre ellos vacíos señalados por la Procuraduría General de la Nación dentro de Colombia Compra Eficiente. Motoa destaca la necesidad de altos estándares en el control técnico, la seguridad informática y la transparencia de los procedimientos de selección, alegando que el manejo de la nube pública incluye datos sensibles de índole judicial, sanitaria, de defensa y cooperación internacional.
El mayor temor manifestado por Motoa radica en que, si una empresa china llegara a resultar seleccionada, existiría la posibilidad de filtraciones de información hacia órganos estatales de China, dado que la legislación de ese país exige la cooperación de compañías privadas con el gobierno y entidades de seguridad, sin opción de objeción legal. Para el senador, la difusa línea entre el ámbito privado y público en China y la exigencia de colaboración ante el Partido Comunista representan riesgos considerables para la protección de los datos de los colombianos.
No obstante, Colombia Compra Eficiente, bajo la dirección de Cristóbal Padilla, ha manifestado públicamente, como reportó El Espectador, su compromiso con la transparencia y la eficiencia. Se anunció un acompañamiento y orientación técnica a las entidades estatales que permitirá una transición sin interrupciones y asegurará la continuidad y modernización del Estado durante la migración de servicios de la nube pública. Frente a la urgencia del tema, en el Congreso se ha anunciado la intención de llevar a cabo un debate de control político para analizar las repercusiones del cierre del acuerdo marco de 2021 y evaluar los riesgos de ciberseguridad que la nación podría enfrentar con el nuevo acuerdo.
¿Qué significa exactamente “nube pública” y por qué es vital para los servicios estatales de Colombia?
El término “nube pública” hace referencia al almacenamiento y gestión de datos a través de servidores remotos accesibles por internet y administrados por empresas especializadas. Para el sector público colombiano, esto implica alojar información y sistemas clave, desde datos judiciales hasta registros sanitarios, en plataformas tecnológicas externas pero bajo control y regulación del Estado. La importancia de este mecanismo radica en su papel fundamental para la operación diaria de las instituciones públicas, la prestación eficiente de servicios y la protección de datos sensibles. Por ello, la selección de proveedores adecuados no solo es una cuestión técnica sino también estratégica y de seguridad nacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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