El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
A los amantes de la tauromaquia en Bogotá se les está despejando el camino para la temporada taurina del año entrante. Al cabo de dos años de ausencia de la “fiesta brava” en la ciudad, en medio de licitaciones desiertas y los correspondientes pleitos en los tribunales, todo parece indicar que el alcalde Carlos Fernando Galán tendrá que retomar, sin condiciones, la licitación en 2024 para permitir el regreso del espectáculo taurino a La Santamaría, a partir de 2025. Aunque se esperaba temporada en 2024, las dos licitaciones que abrió el IDRD fracasaron.
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Pero ahora todo está dado, tras un recientemente fallo del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que anuló el Acuerdo 767, con el cual el Concejo prohibió el uso de picos, estacas y otros elementos que pudieran infligir daño al toro de la corrida.
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Si bien la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre las limitaciones de esta normativa frente a otras del orden superior, como la sentencia T-296 de 2013 —que protege la tauromaquia como una práctica cultural—, el falló del contencioso hoy ratifica la victoria definitiva que esperaba la comunidad taurina.
Asimismo, el fallo deja sin efecto los artículos del Acuerdo que establecían que, al menos, el 30 % de la publicidad destinada a promocionar las corridas debía informar sobre el maltrato al que eran sometidos los toros durante las faenas.
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Respecto a las motivaciones del fallo, que surge tras la demanda radicada por los ciudadanos Daniel Londoño, Juan Pablo Pantoja, Curro Pimentel y Elker Buitrago, el Juzgado Cuarto argumentó que el Concejo de Bogotá excedió sus competencias con el Acuerdo.
Pulzo complementa
La celebración de corridas de toros ha sido motivo de discusión en el país, con defensores que argumentan su importancia cultural y opositores que promueven su abolición debido al sufrimiento que provoca a los toros.
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La regulación y legislación en torno a las corridas de toros varían según las regiones, con algunos municipios que han prohibido estas actividades y otros que continúan permitiéndolas como parte de su patrimonio cultural.
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Grupos defensores de los derechos de los animales han abogado por la abolición de las corridas de toros, argumentando que son una forma de crueldad animal y promoviendo alternativas culturales sin violencia hacia los animales.
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