El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las recientes declaraciones de la precandidata presidencial Vicky Dávila, promoviendo un “Plan Colombia 2.0”, han reactivado un viejo debate nacional sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en Colombia y sus consecuencias a largo plazo. Dávila ha sostenido la necesidad de impulsar acciones estrictas contra el narcotráfico, entre ellas la reanudación de la fumigación de cultivos ilícitos, extradición inmediata de narcotraficantes, la cooperación estrecha con potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel y el regreso de miembros de las fuerzas militares que previamente fueron retirados del servicio. Estas acciones serían reforzadas por el uso intenso de tecnología como drones y un sistema de recompensas para los efectivos de seguridad, con el objetivo de recuperar el control de los territorios dominados por grupos armados ilegales, según lo indica el artículo original.
La propuesta recoge la esencia del original “Plan Colombia”, un acuerdo bilateral impulsado al inicio de este siglo que centró la asistencia militar y la erradicación de drogas, pero también suscitó fuertes polémicas. Diversos informes, entre ellos los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, consignan que el plan, aunque logró descensos en la producción de coca por periodos, trajo consigo graves repercusiones como desplazamientos de población, impactos negativos en comunidades indígenas y campesinas, y denuncias reiteradas de violaciones a los derechos humanos. Estas experiencias explican la postura crítica de la senadora y también precandidata María José Pizarro, quien rechaza la propuesta de Dávila por considerarla un reflejo de viejos errores, defendiendo la idea de que la solución parte de atacar las causas estructurales del conflicto: la desigualdad, el abandono estatal y no simplemente recurrir a la confrontación armada.
Colombia, desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, ha intentado diversificar su estrategia enfrentando los retos persistentes en los ámbitos de seguridad, justicia y desarrollo rural. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha documentado cómo la violencia en diferentes regiones del país responde no solo al narcotráfico, sino también a la falta de oportunidades económicas legales para los productores y la existencia de múltiples actores armados ilegales que no suelen ser neutralizados con respuestas principalmente militares. Este enfoque coincide con el análisis de Alfredo Rangel, quien advierte que la militarización, sin un componente de desarrollo social robusto, tiende a mantener ciclos de violencia y vulneraciones de derechos humanos.
El cruce de perspectivas entre Dávila y Pizarro resume un dilema central del presente político colombiano, en el que se confrontan los modelos clásicos de control territorial con apuestas más integrales de justicia social y desarrollo regional, alineadas con instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos organismos han insistido en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, promover la inclusión y garantizar políticas públicas que apunten a un desarrollo rural sostenible, reconociendo la multidimensionalidad de la violencia en Colombia.
Por su parte, la estrategia de Dávila también puede leerse como un intento por captar a los votantes preocupados por el crimen y la inseguridad cotidiana, mientras el Pacto Histórico busca diferenciación sólida priorizando una transformación hacia un modelo enfocado en derechos y bienestar. Así, la campaña electoral se convierte en el espacio donde se debate no solo la seguridad, sino el tipo de país que se aspira construir después de décadas de conflicto. En este escenario, tanto los líderes políticos como la sociedad civil deberán considerar los resultados, limitaciones y consecuencias de cada enfoque para evitar la repetición de narrativas y políticas que en el pasado no lograron una paz duradera.
¿Qué era el Plan Colombia y cuáles fueron sus principales críticas? El Plan Colombia surgió como un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos a principios de siglo para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad mediante ayuda militar, erradicación de cultivos ilícitos y mejoras institucionales. Sin embargo, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Human Rights Watch advierten que, aunque bajó la producción de coca en algunos años, ocasionó desplazamientos masivos, afectaciones a comunidades vulnerables y cuestionamientos sobre violaciones a derechos fundamentales. El análisis de estos resultados sigue siendo fundamental para calibrar propuestas de seguridad futuras en el debate político colombiano.
¿Cuál es la diferencia entre una estrategia de seguridad “dura” y una “integral”? En el contexto colombiano, la estrategia “dura” alude a políticas centradas en la fuerza militar y policial, con acciones como la fumigación de cultivos, extradiciones y control del territorio mediante armamento y tecnología. Por contraste, una visión “integral” propone complementar la seguridad con soluciones sociales que aborden las causas estructurales de la violencia, como la falta de oportunidades económicas, exclusión social y ausencia estatal. Según INDEPAZ y organismos internacionales como la ONU, solo una respuesta equilibrada podrá generar las condiciones para una paz auténtica y sostenible.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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