El pasado jueves se viralizó una grabación de un diálogo que Vicky Dávila tuvo con uno de sus colegas más conocidos y que la ha acompañado en varios medios, Jairo Lozano.
Allí hablaban del proceso penal contra el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente por los laboratorios para el procesamiento de cocaína que hallaron en una finca de su propiedad en Guasca, Cundinamarca.
En la conversación los periodistas dicen que la Fiscalía tiene información sobre la responsabilidad directa del exfuncionario pero que “eso no se puede decir”, frase que desató la polémica.
Pese a que el portal Cuarto de hora, que divulgó el audio, dice que los periodistas dejaron los micrófonos abiertos mientras hablaban, Dávila reaccionó ese día diciendo que la habían grabado “ilegalmente” y esa hipótesis la confirmó en su columna de este fin de semana.
Según dijo, no tiene “garantías para ejercer como periodista en Colombia” porque, dice, “existe un plan macabro” para intimidarla y callarla:
“Quienes están detrás de este sucio ataque contra la libertad de prensa han utilizado todos los mecanismos para silenciarme: desde una persecución judicial con procesos civiles y fallos absurdos, hasta la grabación ilegal de mis conversaciones editoriales con los periodistas de la redacción de Semana“.
Pero lo más delicado es que dice que la “están persiguiendo” con ayuda de personas cercanas a su entorno:
“Se trata de una persecución ideológica de gran poder destructivo, en medio de la polarización que vive el país. Tristemente hay involucrada gente que trabaja conmigo”.
Además, dice que sus colegas y compañeros la han atacado desde que se incorporó a la revista porque, considera ella, no “toleran” su presencia o posiciones editoriales.
Y le dedicó algunas líneas a criticar a congresistas como Gustavo Petro, Roy Barreras e Inti Asprilla, que al conocer el contenido de la grabación cuestionaron su decisión como periodista. A todos les justificó que la responsabilidad de un medio es no publicar nada hasta que tenga pruebas para sustentarlo o se expone a una demanda o a hacer una rectificación.
Pero eso no la hizo dejar de lado lo que insistió en calificar como “grabación ilegal” y puso un manto de duda sobre sus compañeros en la revista:
“Como periodista y como ciudadana quisiera saber quién nos grabó y quién dio las órdenes. ¿Hubo políticos y dinero de por medio? ¿Alguien de Semana participó?”.
Dávila insiste en su texto en que quieren callarla y sacarla de la revista “para que no interfiera en una agenda determinada”, pues hay “llamadas de ciertos políticos a los dueños” para pedir su cabeza.
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