Por posibles irregularidades en una contratación que pretendía ampliar una pista de aterrizaje en Cauca, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del exgobernador Temístocles Ortega, actualmente designado por el Gobierno de Gustavo Petro como embajador de Colombia en Chile.

Al exsenador se le acusa del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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La Fiscalía tiene en su expediente que el exmandatario estaría vinculado en anomalías que se registraron en en un contrato celebrado en agosto de 2014 con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los $2.600 millones. El fin del convenio era llevar a cabo la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).

“El material de prueba obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indica que el proyecto habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de las alcantarillas”, dijo la Fiscalía este miércoles.

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Entre las pesquisas de la Fiscalía se encuentra que para adelantar ala obra no se gestionaron los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil.

“Para la Fiscalía, el gobernador de Cauca entre 2012 – 2015, como ordenador del gasto y representante del departamento, desatendió de manera libre, consciente y voluntaria los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal”, dijo el ente acusador.

Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había vinculado al exmandatario, a través de indagatoria por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación porque era senador de la República en ese momento. Sin embargo, el expediente quedó en manos de la Fiscalía al culminar su paso por el legislativo.

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“En ese sentido, se realizó la actividad investigativa y los análisis de los elementos recaudados, y se encontró mérito suficiente para acusar al exgobernador Ortega Narváez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y solicitar la preclusión de las conductas de falsedad en documento privado y peculado por apropiación”, explicó la Fiscalía.