El mandatario, al parecer, habría suscrito un negocio jurídico para la capacitación de estudiantes y docentes en 39 municipios de los 40 que tiene el departamento que no cumple con los requisitos de ley.

Un contrato similar también motivó la indagación y suspensión a su homólogo encargado de La Guajira, Wilbert Hernández.

Desde el pasado 15 de agosto, la Procuraduría solicitó, como medida preventiva, suspender el contrato “al advertir una supuesta selección subjetiva del contratista, teniendo en cuenta que, en los documentos precontractuales no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad Nui Telco S.A.S. fuera seleccionada”.

El Ministerio Público también señaló que el presupuesto aprobado no habría tenido sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada, tampoco estarían discriminados los costos por actividad.

Por eso, el ente de control busca determinar la idoneidad y capacidad ofertada por esa empresa y que habría sido aceptada por el gobernador Villamizar para “establecer si se respetaron los principios de responsabilidad, transparencia, economía, el deber de selección objetiva y el régimen de los recursos de regalías”.

Además, dijo que lo suspende de su cargo porque si continúa allí “permitiría que se reitere la presunta falta”.

Por el mismo caso, el órgano de control abrió investigación a la gerente general de la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Nui Telco S.A.S.), Mayret Zorayda Niño Moreno, para establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias.

La Procuraduría también analizó otros, entre ellos uno por valor de 14.514 millones de pesos, en el que el departamento aportaría 13.977 millones para la ejecución del proyecto con recursos del Sistema General de Regalías, que tendría presuntas falencias en la fase precontractual, similares a las de contrato de bilingüismo.