Son 8 edificios construidos con materiales de baja calidad y que no cumplen con las normas de sismorresistencia o urbanísticas de la ciudad los que estuvieron a cargo del ‘clan Quiroz’, una familia investigada por adelantar obras ilegales en ‘la Heroica’.

Los estudios que adelantaron expertos de la Universidad Nacional a varias edificaciones que se levantaron sin licencias de curadurías urbanas encontraron que 8 de ellos están en riesgo de colapso e instó a la Alcaldía de Cartagena a tomar medidas urgentes.

Incluso, desde marzo pasado, la institución alertó a las autoridades para que fueran evacuados con urgencia por el peligro latente que representan sus estructuras y para que tomaran las medidas que evitaran a los residentes que ocuparan dichos inmuebles.

Por eso, la alternativa más viable es la de demolerlos antes de que puedan causar una tragedia. Ante esa determinación, Pedrito Pereira, alcalde encargado de la ciudad, le dijo a El Universal que tiene la responsabilidad de conseguir el dinero para hacer dicho operativo “con todo el rigor técnico necesario”.

El mandatario señaló que también se debe socializar con los copropietarios de los edificios Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa a través de la Oficina de Gestión del Riesgo.

Justamente, los propietarios se mostraron desesperados por la incertidumbre. Jonathan Lorduy, uno de ellos, le contó a Noticias Caracol:

“¿Cómo quedamos nosotros ahí en el apoyo que debe darnos la Alcaldía? ¿Cómo quedamos las 116 familias cuando no tenemos dónde vivir pero estamos todavía con una obligación grandísima en el tema financiero con los bancos?”.

Cartagena ya tiene un antecedente del pasado 23 de abril de 2017 cuando 21 obreros murieron y 22 más quedaron heridos en el desplome del inmueble llamado Portal de Blas de Lezo II, precisamente construido por el ‘clan Quiroz’. Fue ese hecho el que motivó las investigaciones y a los demás edificios a cargo de esta familia, que ya enfrenta una investigación por los hechos.

Sin embargo, no es mucho lo que ha avanzado el proceso penal contra los responsables de tramitar irregularmente licencias de construcción y no cumplir con las normas de seguridad, pues hasta ahora solo hay un condenado y los familiares de las víctimas continúan pidiendo indemnización.

Además, a las personas que habían comprado los apartamentos de ese inmueble tampoco se les ha reubicado, indemnizado u ofrecido alguna solución para tener una vivienda, añadió el noticiero.