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El presidente Gustavo Petro respondió a las advertencias sobre un posible recorte al presupuesto de 2025, afirmando que, de ser necesario, se eliminarán primero los subsidios destinados a los sectores más acaudalados del país.
Esta declaración surge como respuesta a las recientes afirmaciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre la necesidad de reducir el presupuesto debido a la falta de conceso para la aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso.
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“Si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el congreso no aprueba la ley de financiamiento, entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población. El pueblo no paga el sobre endeudamiento de Duque”, declaró el presidente Petro a través de sus redes sociales.
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Esta afirmación del mandatario establece claramente su posición frente a la distribución de la carga fiscal y los ajustes presupuestarios. Petro sugiere que cualquier recorte necesario no afectará a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que se centrará en reducir los beneficios económicos que actualmente reciben los grupos de mayores ingresos.
Si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el congreso no aprueba la ley de financiamiento entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población.
El pueblo no paga el sobre endeudamiento de Duque. https://t.co/HqotRBRWNp
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 28, 2024
La mención al “sobre endeudamiento de Duque” hace referencia a las políticas fiscales del gobierno anterior, liderado por Iván Duque, que según Petro, dejaron una carga financiera significativa que ahora debe ser gestionada.
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Esta postura del presidente ha generado reacciones diversas en el ámbito político y económico. Defensores de la administración actual ven en esta declaración un compromiso con la equidad social, mientras que los críticos cuestionan el impacto que tales medidas podrían tener en la inversión y el crecimiento económico.
La tensión entre el ejecutivo y el legislativo en torno al presupuesto y la ley de financiamiento pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno para implementar su agenda económica y social. La falta de consenso en el Congreso podría llevar a ajustes significativos en la distribución de recursos públicos para el próximo año.
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Economistas y analistas políticos señalan que esta situación podría tener implicaciones importantes para la política fiscal del país y la relación entre diferentes sectores de la sociedad. Algunos advierten sobre la necesidad de un diálogo más amplio para encontrar soluciones que equilibren las necesidades de desarrollo económico con las demandas de justicia social.
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Mientras tanto, el debate sobre la aprobación de la ley de financiamiento y sus posibles alternativas continúa en el Congreso, con la expectativa de que se alcance un acuerdo que permita evitar recortes drásticos en el presupuesto nacional.
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