Un nuevo escándalo sacudió la política colombiana luego de revelarse un millonario detrimento patrimonial en la compra de drones destinados a la vigilancia de zonas estratégicas del país.
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La investigación fue conducida por la Contraloría General de la República, que documentó una pérdida fiscal de $8.954 millones. Se trata de un convenio entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A (CIAC).
El contrato en cuestión fue firmado en 2021 por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la CIAC. El objetivo era fortalecer la vigilancia en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII). Sin embargo, el acuerdo terminó por convertirse en un daño fiscal evidente para el Estado, sin cumplir su propósito original.
¿Qué pasó con los drones adquiridos para vigilar zonas de alto riesgo en Colombia?
Según la auditoría, dos equipos sufrieron siniestros y quedaron fuera de funcionamiento. Lo preocupante es que se evidenció que el contrato no contempló ningún seguro que evitara el detrimento patrimonial.
Los hallazgos de la Contraloría confirmaron que el contrato produjo un perjuicio económico directo al Dapre. El caso expuso una nueva muestra de corrupción institucional, en la que la figura central es una empresa estatal y la perjudicada, una vez más, es la sociedad colombiana.
¿Cuál es la empresa que habría vendido los drones al Dapre?
Aunque la Contraloría no identificó el proveedor internacional de los drones en su informe, una investigación periodística de El Tiempo estableció que se trató de la compañía L3 Harris Technologies, con sede matriz en Florida, Estados Unidos.
El medio accedió a documentos del convenio firmado entre el Fondo Paz, la FAC y la CIAC, donde se incluye un informe técnico sobre el incidente de la aeronave FAC 6167 que terminó en pérdida total el 14 de diciembre de 2023.
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