Según Aurelio Suárez, Martha Peralta —abogada wayuu nacida en Riohacha en 1988, hoy senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y miembro de la Comisión Séptima del Senado— no tenía propiedades registradas cuando asumió la presidencia de ese partido en 2017. Sin embargo, el columnista, en su publicación hecha en Semana, detalla que el 24 de febrero de 2020 compró su primer apartamento en el barrio Modelo Norte de Bogotá por 345 millones de pesos, con una hipoteca de 240 millones que, afirma Suárez, fue pagada “en tiempo récord” en febrero de 2024.
El columnista agrega que, tras ser elegida senadora en 2022 por la coalición del Pacto Histórico, Peralta habría elevado de forma notoria su estatus económico. Según su versión, junto a su pareja, el médico Julián Manuel Molina Pérez, compró una casa en el exclusivo sector de El Quirinal (Bogotá) por 900 millones de pesos, aunque Suárez sostiene que su valor comercial real superaría los 1.500 millones. Posteriormente, en marzo de 2023, habrían adquirido un apartamento en Puerto Colombia (Atlántico) por 446 millones, cuyo precio de mercado, dice el columnista, sería bastante mayor.
Suárez también menciona la compra de un predio rural en Monguí, Riohacha, en diciembre de 2023 por 430 millones de pesos, adquirido a 12 familiares, y señala que luego vendieron una servidumbre asociada a ese terreno al Grupo de Energía de Bogotá por 200 millones en febrero de 2025. En su columna, el autor plantea interrogantes sobre un posible “ventajismo” con parientes y sobre eventuales concertaciones con autoridades indígenas renuentes al proyecto energético.
En su análisis, Aurelio Suárez afirma que las cuentas “no cuadran”: sostiene que las propiedades adquiridas entre 2020 y 2023 suman más de 2.100 millones de pesos en precios catastrales, pero que su valor comercial podría duplicar esa cifra. A partir de ello, formula preguntas sobre el origen de los recursos, el papel del cónyuge y una supuesta relación con la farmacia 13 de Mayo.
El columnista también alude a gastos que considera ostentosos, como un viaje a París en un hotel con vista a la Torre Eiffel, con una tarifa cercana a los 950 euros por noche, y celebraciones de fin de año de alto costo, que, en su opinión, contrastarían con los ingresos formales de la senadora.
Otro punto señalado por Suárez es un predio en Riohacha vendido por la Alcaldía a Peralta en mayo de 2019 por solo 66.150 pesos, operación que califica como de “origen inexplicable”.
En el plano político y judicial, Aurelio Suárez recuerda que Peralta presidió la Comisión Séptima del Senado durante el debate de la reforma pensional en 2023 y que, según su versión, estrechó relaciones con Olmedo López, exdirector de la UNGRD hoy procesado por corrupción. Cita chats revelados por el periodista Sebastián Nohra, entregados a la Fiscalía, en los que —según Suárez— aparecen recomendaciones de cargos y menciones de recursos para un corregimiento de Riohacha.
Finalmente, el columnista sostiene que la Corte Suprema investiga a la senadora por presunto direccionamiento de contratos y la vincula con el escándalo de las ollas comunitarias. Concluye preguntándose si Peralta podrá justificar ante la justicia lo que él denomina un “enriquecimiento sin causa aparente”.
Aunque ella no ha respondido directamente a estas acusaciones, antes de que saliera la columna de Suárez sí había dado un mensaje advirtiendo que “se viene una arremetida brutal”.
¡ADVIERTO! Se viene una arremetida brutal contra mi candidatura. No les salió el libreto. No lograron que la gente se tragara sus mentiras y ahora los mismos de siempre preparan otro ataque mediático, cargado de injurias, sin una sola prueba y sin ningún sustento legal.
Esto no… pic.twitter.com/x3IhqQTGLi
— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) January 24, 2026
Martha Peralta fue mencionada en caso de corrupción en la UNGRD
La senadora indígena del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú quedó en una posición comprometida tras la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de liderar un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque la congresista no fue imputada formalmente, la Fiscalía la mencionó como una de las piezas clave en la supuesta estrategia para torcer votos en el Congreso a favor de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.
Peralta está bajo indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia desde mayo de 2025 por su presunto papel en el saqueo a la UNGRD. En la diligencia, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, la señaló como la “líder” de la estrategia política para asegurar apoyos en la Comisión Séptima del Senado mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos.
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían encabezado una “organización delincuencial” con una división del trabajo previamente pactada. “Cada integrante cumplió un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no habría sido posible alcanzar la finalidad propuesta”, dijo Patiño. La funcionaria agregó que ambos exministros “dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron los trámites ilícitos dentro del Invías y la UNGRD para cumplir los compromisos previamente adquiridos con los congresistas”.
El ente acusador sostuvo que la “semilla” del plan consistía en comprar congresistas mediante la asignación de contratos, para amañar su voto en favor de proyectos del Gobierno, entre ellos la reforma pensional y otras iniciativas de endeudamiento y reformas sociales.
Peralta, señalada como articuladora política del plan
De acuerdo con la imputación, Luis Fernando Velasco le ordenó en junio de 2023 al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, apoyar la reforma pensional y asistir a un debate en la Comisión Séptima del Senado para entregar contratos a determinados congresistas y así ampliar las mayorías.
Fue allí donde la Fiscalía ubicó a Martha Peralta como la principal articuladora política. “El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate y acordó con Peralta Epieyú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para congresistas de la Comisión Séptima”, señaló Patiño. Entre esos congresistas se mencionó a Berenice Bedoya.
Además, según la Fiscalía, la senadora le pidió a López atender a parlamentarios de la coalición inconformes por su escasa participación en el Gobierno y direccionar la contratación de la entidad a favor de esos legisladores.
Entre los proyectos que habrían sido negociados —aunque finalmente no se firmaron— figuran obras en Puerto Concordia (Meta), Aguazul (Casanare) y Mistrató (Risaralda), por valores que superaban los $5.000 millones en algunos casos. También se habló de un proyecto adicional por más de $2.125 millones en La Guajira, negociado en septiembre de 2023.
La Fiscalía afirmó que López coordinó con Sneyder Pinilla la revisión y contratación de estos proyectos, “siguiendo la instrucción inicial impartida por Velasco para apoyar la reforma pensional”.
Chats filtrados a medios de comunicación refuerzan las sospechas. En uno de ellos, Peralta le escribió a Olmedo López: “Hola, doc. Te estaba llamando porque estoy preocupada por Riohacha, nada ha avanzado”, en referencia a obras en La Guajira.
Compulsa de copias y versión de la senadora
La Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema contra Peralta, luego de que su nombre apareciera en el entramado de la UNGRD. Según la fiscal Andrea Muñoz, la congresista se interesó indebidamente, junto a López y Pinilla, en una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por $2.170 millones para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla destinadas a la recuperación de Riohacha.
El Tiempo reveló que la compulsa llegó al despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien ya llevaba la indagación preliminar contra la senadora.
Peralta negó las acusaciones en un comunicado: “Nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de la UNGRD con el propósito de direccionar contratos”.
También afirmó ser víctima de persecución política por respaldar las reformas del Gobierno y dijo que ha sido acosada en el Senado por ser mujer, joven e indígena.
No obstante, Olmedo López declaró que la senadora habría tenido participación en la concesión de un contrato por 2.210 millones de pesos para restaurar jagüeyes en La Guajira. Aunque Pinilla aseguró ante una magistrada que Peralta “no tuvo ninguna intervención” en el caso de los carrotanques, la Fiscalía mantiene sus señalamientos.
Ahora será la Corte Suprema la que decida si abre una investigación formal contra Martha Peralta, quien se convertiría en la primera congresista oficialista procesada por el escándalo de la UNGRD
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