El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella continúa conformándose en medio de la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país tras la emergencia sísmica. Con gran parte de los ministerios, viceministerios y direcciones de entidades ya asignados, la atención política se centra ahora en dos plazas fundamentales para una de las principales banderas de la administración: la seguridad nacional. Todo apunta a que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Consejería de Seguridad, dependencia que reemplazará a la antigua oficina del comisionado de Paz, quedarían en manos de dos generales en retiro.
En el flanco judicial, el mandatario cumplió recientemente con una visita oficial al Palacio de Justicia, donde sostuvo encuentros con las altas instancias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Aunque se ausentó una reunión con la Corte Constitucional, fuentes cercanas indicaron que la ausencia obedeció a la falta de sala plena institucional durante esa semana, previéndose un encuentro formal para los próximos días en el que el jefe de Estado reiterará su estricto respeto por las decisiones constitucionales y la separación de poderes.
Paralelamente, la llegada del nuevo Ejecutivo destrabó un proyecto clave para la capital del país: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio luz verde a las obras de ampliación de la autopista Norte. A la nueva administración le llamó profundamente la atención que los documentos con los permisos técnicos y ambientales necesarios llevaban meses listos sin haber sido firmados, lo que motivó cuestionamientos desde el Gobierno sobre una presunta dilación intencional por parte de la administración anterior.
En el terreno de las controversias institucionales, el foco se instaló sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras confirmarse que a Gabriela Muñoz, joven activista cercana al expresidente Gustavo Petro y señalada de influencias indebidas en la Aerocivil, se le asignó un esquema de seguridad amparado en el Decreto 1066 de 2015, normativa que cobija a dirigentes de agrupaciones políticas. Aunque la activista atribuyó la medida a recomendaciones de la Fiscalía por presuntas amenazas, el sustento probatorio genera dudas y el dispositivo será evaluado a fondo por las nuevas directivas de la entidad.
Por otro lado, la administración respaldó la gestión del coronel Daniel Gutiérrez al frente del Inpec, decidiendo su ratificación a pesar de la salida de otros altos funcionarios de la era pasada. El trabajo del oficial ha sido bien recibido por el Ejecutivo, especialmente tras liderar operativos de alto impacto como el traslado de más de cien criminales de alta peligrosidad, entre ellos alias Douglas, gestionado en las primeras horas del mandato. Sin embargo, se prevé un remozamiento general en los mandos secundarios de la institución carcelaria.
Finalmente, el panorama legislativo anticipa un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso a raíz de las objeciones presentadas por la Casa de Nariño a un proyecto de ley impulsado por el senador Hernán Cadavid, el cual buscaba priorizar estrictamente el mérito en la provisión de cargos públicos. La decisión cayó mal dentro de sectores del uribismo y de otras bancadas que ya anunciaron su voto en contra, poniendo a prueba la capacidad del Ejecutivo para tejer las mayorías parlamentarias necesarias que respalden su postura jurídica.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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