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Para el miércoles 20 de marzo se aplazó la decisión del magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, Manuel Parra, frente a la solicitud de levantamiento de 14 medidas de aseguramiento proferidas contra el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso.
En este caso la delegada de la Fiscalía General y el Gobierno Nacional, representado por el Comisionado de Paz, insisten en el pedido de libertad a favor del excomandante paramilitar (que le fue negado en Barranquilla), para que cuanto antes, pueda asumir sus funciones como gestor de paz, en una misión asignada por el presidente, Gustavo Petro.
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A su vez, la delegada de la Procuraduría, contrario a las otras partes, pidió mantener encarcelado a Mancuso toda vez que aún tiene más de 64.000 procesos pendientes con las víctimas y la justicia. Además, porque considera que la resolución que lo acredita como gestor de paz no es precisa y está demandada ante el Consejo de Estado.
Exhorta la procuradora, a que ninguna autoridad judicial resuelva a favor de la libertad en tanto haya esclarecimiento de los hechos imputados y se garantice que no haya impunidad.
Este es uno de los tramites que deben surtir en la travesía de Mancuso hacía la libertad. A su llegada a Colombia, el pasado 27 de febrero, lo esperaban varias medidas de aseguramiento repartidas en tres tribunales de Justicia y Paz.
El exjefe paramilitar y su defensa, lograron la primera decisión favorable en uno de los Tribunales. La suerte no fue la misma con el segundo magistrado en donde le negaron la libertad. Ahora, está a la espera del fallo del tercer magistrado, que a propósito se pronunciará el próximo miércoles.
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En todo caso, Mancuso también debe esperar la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Su pedido de excarcelación ha tenido el más detallado estudio judicial, no obstante de que haya sido el propio Presidente de la República el que haya solicitado su liberación.
Salvatore Mancuso está preso en la cárcel La Picota de Bogotá, tiene una condena de 40 años de prisión por los delitos cometidos cuando lideraba a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Se desmovilizó en el año 2004 y en el 2008 fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos. 16 años después regresó a Colombia por petición del presidente Petro para que desarrolle actividades como gestor de paz y apoye al Gobierno en el desarme de grupos paramilitares.
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