La Fiscalía General acaba de ocupar varios bienes del expresidente y exrepresentante legal de Saludcoop, Carlos Palacino, quien fue condenado en abril de 2022 por su participación en el desfalco de la extinta EPS a 10 años de prisión por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
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El operativo del ente investigador, conocido por la cadena radial Blu Radio, señaló que, luego de que agentes del CTI realizaran informes contables, se encontró que parte de esos dineros robados se usaron para “Inversiones permanentes, adquisición de propiedad, planta y equipos, préstamos a socios y trabajadores y otros egresos que no podían pagar con dineros entregados para la administración del régimen de seguridad social en salud.
A Palacino, quien fue el representante legal y presidente ejecutivo de SaludCoop entre 2000 y 2004, se le halló responsable de desviar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), hoy Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Los dineros fueron usados, dice la Fiscalía, “en la compra de bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. También adquirió edificios y oficinas; realizó préstamos a socios y trabajadores; además de pagar viajes personales y adquirir vehículos de alta gama”.
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“Palacino tendría responsabilidad directa en la posible apropiación indebida de recursos y de otras rentas parafiscales durante los años 2000 a 2004 en una cuantía que asciende a 398.106.053.537. Este monto corresponde al valor que excedió el disponible o recursos propios que generó la empresa en ese periodo y que fueron destinados a sufragar inversiones y gastos que, por su naturaleza, debían ser atendidos con recursos de la persona jurídica; es decir, que para el pago de ese mayor valor la EPS tuvo que emplear recursos parafiscales, con dineros que no le pertenecían.”, informó Blu Radio.
De acuerdo con lo dicho por el ente investigador, el exrepresentante legal de SaludCoop efectuó “maniobras que modificaban el censo poblacional cubierto por la EPS.
Así, 240 mil afiliados que aparecían como mayores de edad, en realidad eran menores de 18 años”. Igualmente, sostuvo la Fiscalía, “se encontró que cerca de 300 mil usuarios reportaron inconsistencias en cuanto a sus apellidos paternos o maternos”.
El documento del Juzgado que lo condenó en 2019 también da cuenta de que las utilidades de la EPS “no eran reales y que no demostraba la realidad económica de la entidad”. Según el despacho, se ajustó “la utilidad operacional por los errores que encontraron; que en los anexos de la aclaración del dictamen hay como un millón de registros; que lo que hicieron fue establecer cuáles eran los recursos propios, mirar las salidas y se dieron cuenta de que utilizaron recursos parafiscales en actividades que debieron realizarse con recursos propios”.
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